EL IMPRESENTABLE
Un medio nacional ayer publicó un esbozo de la mala fama que acompaña al sujeto
que, en mala hora, “los vientos del cambio” trajo para declararlo “el abogado de los
tamaulipecos”.
Se quedaron cortos, como cortos andaremos todos quienes, sospechamos, pero
desconocemos a detalle, la tortuosa carrera de quien pretende convertirse en el ariete
transexenal del prianismo tamaulipeco.
Las historias que se escriben en autos, de variados recintos judiciales, nos arrojan
algo de luz al respecto, pero nos sigue quedando la sospecha de que mucho mar de fondo
mas hay, en tan tortuosa personalidad.
Una de ellas, reza así:
El licenciado Irving, que es coordinador de fiscales de la SIEDO y brazo derecho
de la subprocuradora MARISELA MORALES IBÁÑEZ, me ofreció un millón de pesos
para que declarara contra el que ahora sé es JAVIER HERRERA VALLES.
“También se presentó ese día la licenciada María del Pilar Victoria, ofreciéndome
ser testigo protegido y el beneficio de no ser consignado al reclusorio (…); ofrecieron
hacerme testigo protegido y el beneficio de no ser consignado al reclusorio.
“Me ofrecieron un lugar de resguardo, donde podría ver a mi familia una vez por
semana, una ayuda de 5 mil pesos mensuales, con el simple hecho de que yo señalara a
Javier Herrera Valles como la persona que me había recibido el maletín en el puerto de
Acapulco” (Milenio Diario, 2009-01-06)
La declaración del testigo protegido Víctor Hugo Martínez, fue fundamental para
que en 2020 se reabriera el juicio que involucra al aun Fiscal General de Justicia de
Tamaulipas.
En complicidad con el ya procesado GENARO GARCÍA LUNA y la
exprocuradora Maricela Morales, en el Calderonato persiguió a aquel, que fue
coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, entre otros mandos civiles y
militares.
Los mismos, quienes denunciaron, o se negaron a participar en sus actos de
corrupción, usando a delincuentes confesos como testigos protegidos, a cambio de
inmunidad y otras prerrogativas.
Esa historia ocurrió en el 2008; para el año siguiente, el Presidente FELIPE
CALDERÓN mandó, ya como Subprocurador de la PGR a BARRIOS MUJICA a su
tierra, Michoacán, para que le limpiara el camino a su hermana LUISA MARÍA.
El célebre “Michoacanazo”, significó el encarcelamiento de 11 alcaldes, 25
funcionarios estatales y un juez, del gobierno local perredista, pero ni así CALDERÓN
pudo hacer gobernadora de su estado a la consanguínea.
Los encarcelados del michoacanazo, como los mandos civiles y militares que
fueron “empapelados” por el aun fiscal tamaulipeco, fueron exonerados en su tiempo, al
no encontrárseles delito alguno.
Como quiera, con esas prendas llegó IRVING a Tamaulipas, presentado en Tampico
por CABEZA DE VACA, al anunciar su gabinete, como propuesta que luego el Congreso
Local avaló, con el voto de los panistas, cuando se estrenaron como mayoría.
Entonces, y cada que se le ha preguntado al abogado sobre sus antecedentes y las
motivaciones que lo trajeron a estar tierras, ha rechazado paralelismos, pero en LOS
HECHOS, se ha confirmado de manera contundente por qué y a qué vino.
Pronto mostró el rostro de su contrato.
Aunque hubo otros casos de personajes menos conocidos, hasta de vecinos
incómodos, el primer escándalo politico-judicial se dio en torno al asesinato del
periodista CARLOS DOMINGUEZ, en Nuevo Laredo, a mediados de junio del ´18.
La Fiscalía desvió la investigación, excarcelando delincuentes de otros estados para
presentarlos como testigos en contra de otros civiles y periodistas –uno de ellos muerto
en el encierro- y del exalcalde CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS, de quien el
Gobernador querría vengarse, por haberse resistido a su postulación en el proceso interno
panista.
Como en los casos de Michoacán y el centro del país, los “asesinos de paja” –
decían los clásicos- fueron exonerados, al no encontrárseles delitos y como quiera, el
montaje siguió en el discurso oficial, como si la urdimbre no se hubiera descubierto.
Ese mismo 2 mil 18, primera elección de la era cabeciana, se encargaron de que la
clase política entendiera como amenaza, el encarcelamiento del exalcalde de San Carlos,
SAMUEL URBINA RODRÍGUEZ, aludiendo la cuenta pública, calificada años atrás.
A finales de ese año, en periodo extraordinario, entre navidad y año Nuevo, la
efímera mayoría panista, reformó ahora la ley para convertir la Procuraduría en Fiscalía
General de Justicia.
En el acto ratificó como titular a BARRIOS para un primer periodo extraordinario
de 9 años, asegurando su pase transexenal.
Luego, en septiembre del ´21, tras perder la mayoría y estando por entregar a la
nueva legislatura, el PAN hizo otra reforma para darle al Fiscal la facultades de proponer
a todos los fiscales especializados, limitando su remoción.
Solo por faltas graves y el voto de las dos terceras partes del pleno legislativo, “en
un plazo de diez días”, como dejando espacio para la coerción, financiera o violenta,
podrá removerse al fiscal.
“En caso de negativa o vencido el plazo, permanecerá en el cargo y no podrá ser
removido por los mismos hechos que originaron el procedimiento”, imprimieron en la
reforma, como otra confesión de parte.
En la elección municipal del año pasado no podía haberse esperado menos: fueron
encarcelados el candidato del PRI de San Carlos FRANCISCO “Quico” LÓPEZ y el
exalcalde y precandidato morenista de Soto la Marina, HABIEL MEDINA FLORES.
Uno como quiera ganó y ejerció la alcaldía tras las rejas mientras por el otro,
compitió su hijo y también ganó la elección; es decir, tampoco esas medidas coercitivas
le permitieron ganar al PAN.
Para este año, la Fiscalía emitió citatorios, ordenes de comparecencia y
aprehensión, contra la alcaldesa y los alcaldes morenistas de Nuevo Laredo, Reynosa,
Matamoros y Victoria, amen de los hijos del candidato a gobernador.
A los requerimientos de autoridades federales ha negado la existencia de tales
expedientes, aunque si ha mandado a sus policías a acosar en los tiempos electorales a sus
adversarios.
En distintos momentos, aparte, ha declarado carpetas abiertas contra actores de la
vida pública nacional que alguna controversia han tenido con el Gobernador saliente
CABEZA DE VACA.
Entre otros, el exdirector de PEMEX EMILIO LOZOYA AUSTIN, quien confesó
haberle dado sobornos al ejecutivo tamaulipeco, cuando fue Senador, por votar a favor de
la reforma energética.
Y contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera federal, SANTIAGO
NIETO CASTILLO, quien ahora coordina el equipo de transición y en su tiempo le
imputó por desfraudación fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y asociación
delictuosa.
¿No es suficiente todo eso para que alguna autoridad haga algo y de una vez por
todas aplique sanciones?
Ya no digamos, que se corte de tajo la intención de comandar fuerzas transexenales,
hechas para el delito, el acoso, la persecución, el despojo, todos esos delitos que desde
tiempos inmemoriales viene cometiendo.