Tras un análisis crítico del ejercicio presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal
de año 2020 del gobierno del estado de Tamaulipas y sus organismos, se observó
un sub ejercicio y un no ejercicio e más de dos mil millones de pesos, reveló el
diputado local Roque Hernández Cardona.
Al presentar una iniciativa, el legislador pidió hacer un exhorto al gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca y a la titular de la Contraloría, María del Carmen
Zepeda Huerta ante las ineficiencias e ineficacias que muestra el gasto público.
Tras la publicación de los registros del ejercicio presupuestal, Hernández Cardona
señaló que la intención es “reorientar la aplicación de recursos provenientes de
ahorros, a acciones de bienestar colectivo, sobre todo, de los segmentos con
mayores necesidades”.
De acuerdo al análisis financiero se tiene que en el concepto de “servicios
generales” se dejaron de ejercer 331 millones 317 mil 049 pesos.
“Igual ocurre con el concepto de servicio de la deuda pública, en el que, de manera
particular, por pago de intereses se registra un ahorro de 371 millones 272 mil 793
pesos. Recordemos que en base a lo que se consensó en este Congreso, estos
recursos se destinarían para el rubro de bienestar social”.
En el “gasto en material de seguridad”, el 98% de los recursos asignados no se
aplicaron a sus fines, lo que representa una cifra de más de 53 millones de pesos
ahorrados.
En obra pública se encuentra el subejercicio o no ejercicio de recursos por más de
2 mil 166 millones de pesos, y, consecuentemente, “un ahorro del orden de casi
730 millones de pesos en total, que consideramos, por lo menos, deben ser
explicados por las autoridades responsables del gasto y de su control y vigilancia”.
LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO UN ELEFANTE BLANCO
El diputado de Morena dijo que al margen de lo anterior, técnica y materialmente,
se pueden, y se deben redirigir los recursos no ejercidos, a compensar los daños
económicos ocasionados a la población por la contingencia provocada por la
pandemia del COVID 19 y “reparar, con el máximo impacto posible, el importante
rubro del bienestar social, a través de actividades de apoyo a micro, pequeños y
medianos empresarios y a personas autoempleadas que se dedican a actividades
productivas o para el propio sustento”.
Hernández Cardona dijo que “necesario y urgente”, que la Auditoría Superior del
Estado, dependiente de este poder legislativo, “deje de ser un elefante blanco,
pesado, cansado y reumático”; que deje de ser una dependencia, que más del
poder legislativo, parece incondicional apéndice del ejecutivo, por su actitud de no
atreverse a señalar ni con la mínima observación, las inadecuadas políticas de
“ahorro”, subejercicio y gasto del gobierno.
La Auditoría ha mantenido esta actitud a lo largo ya de cuatro años, tiempo que
lleva en ejercicio la presente administración pública estatal; pero todo tiene un
límite, ya basta de esa actitud complaciente y omisa de la Auditoria, su titular y
personal.
Por su parte, la Contraloría Gubernamental también se ha mostrado omisa en su
responsabilidad de efectuar una eficaz función de control del gasto público, lo que
deriva en desorden hacendario.
“Pero las cosas no pueden ni deben de quedar ahí, sino que se debe proceder a
fincar, en su caso, las responsabilidades en las que hayan incurrido quienes tienen
la obligación de la correcta administración de los recursos del pueblo”