Ocurrencias y onanismos de partidos
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En días previos a la campaña electoral del 2019 –
diputaciones locales- ocurrencias onanísticas de los abogados del PRI y
Movimiento Ciudadano, generaron incomodidad e indignación en algunos
medios de prensa locales.
Suponían que la candidata a diputada por el distrito 14, Pilar Gómez Leal,
cometía actos anticipados de campaña (lonas que desplegó en domicilios),
ejercía publicidad personalizada y pagaba inserciones en prensa.
De buenas a primeras embarraron a medios como El Mercurio, El Cinco,
Gaceta, Hoy Tamaulipas, Noticentro y Muro Político en presunta difusión
pagada.
Editores y representantes legales fueron citados ante el órgano colegiado
para que aceptaran o negaran pagos que es evidente no existían.
No es la primera vez que los partidos respaldan recursos de juicios
sancionadores y denuncias, aportando como “pruebas” lo que publican los
medios impresos o sus páginas en redes.
De hecho, casi la totalidad están apoyados en eso, en lo que más bien tiene
tintes de escándalo, ganar espacios mediáticos. Los abogados lanzan la
acusación y esperan que el Instituto “investigue” y sancione y, si el dictamen es
de absolución, apelan a tribunales.
¡Otra vez la burra al máiz¡ con Movimiento Ciudadano, cuyo regidor Daniel
González Tirado, presumió una solicitud de juicio en contra de la ahora
Presidenta sustituta, Pilar Gómez Leal, por una reunión a la convocó en el
Casino Victorense para exponer el programa de obras públicas.
En la víspera, el propio regidor amenazó con demandar al diputado Arturo
Soto Alemán, por lo mismo.
Muy fácil denunciar sin pruebas e inmiscuir a la prensa. Los partidos
deberían buscarle por otro lado, hacerse de elementos, audios, videos o
documentos.
Cada año es la misma historia. No entienden que no es fácil acreditar la
campaña anticipada. Que se tenga memoria, a ningún candidato o
precandidato a cargos de elección en Tamaulipas se le ha quitado el registro
por esa presunta falta o delito.
Este proceso no será la excepción. Al final, los acusados son absueltos o se
les condena con una “amonestación” privada” o pública.
Los partidos, incluyendo al PAN-gobierno, no quieren entender que la Ley
Electoral tiene lagunas y hay que hacer correcciones en tiempo –un año antes
de los comicios- y forma vía Congreso del Estado. No hay una sola iniciativa
para “afinar” estos juicios, o bien castigar a quien denuncie en falso, lo cual
sería un acertijo.
Dice la Ley –y la jurisprudencia- que un acto anticipado de proselitismo es
cuando “se hacen llamados manifiestos e inequívocos” de apoyo o rechazo
electoral, es decir, sin que las expresiones “puedan resultar vagas, ambiguas,
sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido”.
Es tiempo que le paren los partidos. Ningún precandidatos va a cometer la
burrada de incitar al voto fuera de tiempo. Deben pedir en cambio regular lo
que se llama “actos anticipados de precampaña”.
Le echamos una “ojeada” al catálogo de sujetos sancionados por el IETAM,
y a nadie se le ha fijado una pena ejemplar, o en ocasiones se quitan el castigo
en tribunales.
La lista nos dice que el 12 de junio del 2018 la presidenta de Reynosa, Maki
Ortiz Domínguez y su colaborador Raúl López López, fueron sancionados con
una “amonestación pública” por usar recursos del erario al asistir a un mitin del
entonces candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya Cortés. Estaban en horario
laboral.
Más acá, en 2020, el morenista de Reynosa, Rigoberto Ramos Ordóñez,
recibió una amonestación privada por promoción personalizada, tanto Juan
Manuel Flores Perales, regidor y médico de Nuevo Laredo, por publicitar su
consultorio en anuncios panorámicos.
Otros por ídem: Ciro Hernández Arteaga, de Altamira, y el diputado
Salvador Rosas Quintanilla, representante por Nuevo Laredo.
Amonestaciones públicas de 2019 en contra de: Martha Patricia Palacios
Corral, Imelda Margarita San Miguel y Juan Enrique Liceaga Pineda, ahora
diputados locales.
En 2017-2018: Yésika Janeth Selvera Garza (Abasolo), José Alfredo García
Jasso (alcalde de San Fernando) y Miguel Angel Almaraz Maldonado.
Golpes al bolsillo, a la cartera, destaca el que se impuso el dos de
septiembre del 2018 a la propia Maki Oriz, por la cifra de 40 mil 300 pesillos
(como quitarle un pelo a un gato) por coacción al voto y uso de recursos
públicos.
Resumen: El juicio sancionador contra la precandidata (reelección) en
Victoria no progresará porque en el casino nunca se pidió votar por persona o
partido alguno. Los consejeros del IETAM y magistrados de TRIELTAM no
pueden interpretar la Ley a su antojo.
En asuntos de la UAT, la Asamblea Universitaria aprobó el proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2021, presentado por el
Rector José Andrés Suárez Fernández, ello durante reunión virtual que tuvo
como sede el Centro de Gestión del Conocimiento Campus Victoria.
Acordaron también la creación de maestrías en las facultades de Derecho
Victoria y Tampico, Comercio y Administración Nuevo Laredo y Trabajo Social
y Ciencias para el Desarrollo Humano, en Victoria.