Un fracaso el proyecto deportivo
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En 2019 el gobierno estatal puso en marcha su
programa de cultura física y deporte (S147 para efectos presupuestarios) en los
43 municipios, encaminado a reducir la obesidad y enfermedades crónico
degenerativas.
Formaba parte del decreto por el cual se diseñó la estrategia especial de
“prevención de la violencia y reconstrucción del tejido social Unidos por
Tamaulipas”, tendiente a generar “bienestar y desarrollo integral”.
Aparte de la incidencia delictiva, la preocupación era que el 28.77 por ciento
de la población sufre hipertensión arterial y el 10.3 diabetes mellitus. Como
instrumento de ejecución, el presupuesto se puso a disposición del Instituto del
Deporte de Tamaulipas a cargo de Carlos Fernández Altamirano.
Estaba dirigido a población mayor de seis años con pago a entrenadores,
promotores y deportistas que harían una redada envolvente de activación física,
además de material deportivo, uniformes, gastos de inscripción en competencias,
transporte, hospedaje y hasta bebidas energizantes.
Menos de dos años después, cuando la Auditoría Superior del Estado hizo la
evaluación correspondiente, se dio cuenta que Don Carlitos le quedó a deber a
los paisanos y a quien le extendió el nombramiento.
Dicen los fiscalizadores que “no se aprecia cambio social producido a través
de la implementación de la política pública” (el proyecto). En otras palabras, las
condiciones físicas de la población siguen siendo las mismas, cuando no peores.
Refiere el informe de auditoría que el programa “no contempla planes en el
mediano y largo plazo”, y se dieron “inconsistencias en las metas programadas
con las alcanzadas, produciendo un efecto negativo”. En lugar de ayudar, fue
contraproducente.
Información generada por el propio Instituto dice que alcanzaron una meta del
45 por ciento. En los hechos la eficiencia debió ser mucho menor.
El plan era bueno pero se le encargó a ineptos. Programaron 12 mil 090
apoyos económicos y en especie para entrenadores y deportistas, pero solo
pagaron a 221. Planearon dos mil 370 eventos y alcanzaron mil 795. Se fijaron
21 mil 200 apoyos a promotores, pero pagaron a ocho mil 100.
Era todo lo que tenían que hacer en el año pero quedaron por los suelos,
tiraron el dinero a la basura. La auditoría al desempeño acaba de hacerse pública.
No se sabe si las ASE fijará alguna responsabilidad a Carlos y sus coordinadores,
lo cual debería suceder.
En el 2020, con motivo de la inactividad generada por la prevención del
coronavirus, la incidencia de sobrepeso y diabetes debe andar peor entre los
paisanos y es cuando más se necesita el ejercicio. Nadie lo promueve.
Cuando se diseñó el programa decía que el 55.08 de los niños presentaba “un
comportamiento sedentario”. Ahora debe ser un porcentaje más alto.
El decreto fue publicado el 21 de diciembre del 2018 para entrar en vigor el
dos de enero del 2019. Las auditorías de eficiencia se realizaron hasta un año
después.
A Don Carlos se le había entregado el proyecto estrella del gobierno de la
vientos del cambio “para la reconstrucción del tejido social”.
Bueno, al Instituto de la Juventud se le encargaron los programas “de joven a
joven” e “impulsando juventudes”, que también fueron un fracaso y no volverán a
implementarse.
Don Carlitos y se va, ya se fue para el sur a probar suerte como novillero de
las política. Quiere calarse en las urnas pero lo más probable es que sea su debut
y despedida. Los pronósticos dicen que morderá el polvo.
Otro fracaso es el de Sandra Luz García Guajardo como jefa del Instituto de
Cultura. Se le encargó el proyecto E090 que también mandó a la basura, de lo
cual luego abundaremos según la ASE.
Si vamos con el temas electorales, empezaron a salir las convocatorias
partidistas rumbo a las elecciones del 6 de junio, conteniendo algo inédito hasta la
fecha: Que ningún aspirante haya cometido violencia de género.
Ninguna persona puede aspirar si ha sido condenada o sancionada “como
deudor alimentario o moroso”, salvo que acredite estar al corriente en el pago, o
que cancele la deuda en su totalidad.
Prohibido inscribirse para cargos de elección con antecedentes de “violencia
familiar doméstica”, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o
público, delitos sexuales, contra la liberad sexual o la intimidad corporal.
Fue creado por el INE y se publicaron los primeros nombres del Registro
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contras las
Mujeres en Razón de Género, que es público y de libre disposición para consulta.
Hasta ahora no hay personas de Tamaulipas pero sabemos que no pocos
“suspirantes” tienen cuentas pendientes con la familia.
Falta que el IETAM abra un registro estatal y comisione a alguien para
investigar a los precandidatos. No basta que firmen una carta en que juren por su
madrecita que no han ofendido a una dama ni con el pétalo de una rosa. De
seguro ya comenzaron a investigar a las tres docenas de independientes.
Como los tiempos del virus lo ameritan, a distancia, el Rector de la UAT, José
Andrés Suárez Fernández presidió la ceremonia de graduación de la facultad de
Derecho y Ciencias Sociales Victoria, compuesta por egresados en las carreras
de Derecho y Ciencias de la Comunicación.
“Ahora les toca a ustedes cumplir con el compromiso que hicieron cuando
llegaron, hacer grande y más fuerte a la Universidad y a su propia facultad, les
dijo el Rector a través de un video en el curso de la ceremonia vía Internet.