Los “acalambres” para Maki Ortiz
Cd. Victoria, Tamaulipas.– La resolución de la Suprema Corte debe darse
de un momento a otro. Es lo que esperan los actores. Si es antes de las
precampañas, mejor.
Los sucesos se van entrelazando: Auditorías, controversias, notificaciones
a la Fiscalía Anticorrupción, amparos. La trama es muy larga.
El cuatro de noviembre del 2019 Zita del Carmen Guadarrama Alemán,
Segunda Síndica de Reynosa, acudió a la SCJN a solicitar juicio de
controversia constitucional, a nombre del ayuntamiento, en contra del
Gobernador García Cabeza de Vaca, el Secretario General César Verástegui
Ostos y el Congreso del Estado.
Se le dio el expediente 329/2019, que sigue su curso de más de un año.
A nombre del ayuntamiento, Zita combate el decreto del Congreso
emitido el 5 de septiembre del mismo 2019, en que los legisladores le
niegan aprobación a la cuenta pública de aquel municipio, ejercicio 2017.
Pues bien, el fin de semana los tribunales federales dieron cuenta de una
solicitud de protección de Maki Ortiz Domínguez, alcaldesa de aquella región
fronteriza, en contra de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Cierto que tiene cuentas pendientes con los diputados. Pero más que
nada tiene diferencias con el equipo que manda en Palacio de Gobierno,
mismas que se agravan cada vez, considerando los “coqueteos” de la señora
con el establo morenista. Quiere ser candidata al gobierno del Estado en
2022 por cualquier partido.
Y está en condiciones de cumplir su sueño, menos por el PAN, hasta
donde oficialmente sigue afiliada.
Desde 2016 en que llegó a la alcaldía, montada en la campaña de los
vientos del cambio, las diferencias con el gobierno no han pasado de
exhortos del Congreso del Estado, llamadas de atención y “coscorrones”.
Diríamos que “acalambres”.
Sin embargo parece que esta vez las cosas van más en serio. Las fechas
críticas del proceso electoral se acercan. Los partidos deben perfilar
abanderados y podrían “pepenar” a la mujer.
Decíamos “más en serio” ¿Qué se comieron Maki y sus colaboradores? La
sospecha es que el “jalón” viene de la Auditoria Superior del Estado, donde
la tienen “pescada” por presunto peculado.
La fiscalización reportó 85 observaciones no solventadas por la suma de
513 millones de pesos, tan solo del ejercicio 2017. No “pasó” la revisión
financiera.
En su acuerdo, los diputados le ordenan al Auditor Jorge Espino Ascanio
que “continúe el procedimiento correspondiente”, que es dar visto a la
Fiscalía Anticorrupción. Esto incluye hasta solicitar las consiguientes órdenes
de aprehensión.
¿La síndica Guadarrama lo hizo de motu proprio? No. Debieron ser
instrucciones de la presidenta y asesores. Sin su autorización no se concibe
una demanda del ayuntamiento contra el estado.
Incluyó en su denuncia la negativa a la cuenta de Comapa, mismo
ejercicio, y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, a los que
también se negó el visto bueno en sus cuentas.
Los datos señalan que el saqueo al organismo operador –en ese año-
sumó 255 millones de pesos y 9.2 en el IRCA.
Mas bien son dos controversias. A la otra se le dio el número de control
330/2019 y se refiere a la cuentas del 2016 que, en estricta verdad, ya no es
responsabilidad directa de la doctora de Chihuahua sino de su antecesor José
Elías Leal, “atorado” también por varios motivos.
Otra vez la Comisión de Agua y el DIF donde despacha el Jr. Carlos Víctor
Peña Ortiz, a quien la señora proyecta –de perdido- para diputado por
aquella región.
En el expediente van: Maki, José Alfredo Castro Olguín, Esmeralda Chimal
Navarrete y Alexandro de la Garza Vielma.
Hay que agregar que, en febrero del 2018, Chimal solicitó la protección
de la justicia federal. Fue una falsa alarma. Lo hizo también la presidenta,
argumentando la misma negativa de las cuentas públicas, pero el recurso les
fue negado.
Lo de la controversia no es un juego. La ex senadora puede perder, como
parece, pero se “quemará” con los militantes de su partido y el cuadro chico
de Palacio.
Hay otras controversias que llaman menos la atención. Pueden
considerarse “domésticas”, o de fuego amigo, como es la que proviene de
Altamira en contra del ejecutivo estatal, un juez de control, y la secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Hay una carpeta de investigación con el numero NUC75/2018, que en
periodo preelectoral puede traer sus consecuencias.
También en viernes –previo “puente” burocrático–, se conoció el
nombramiento del senador Américo Villarreal Anaya como delegado especial
de su partido, Morena, en el estado de Sinaloa.
Hay quienes interpretan que es alejarlo de Tamaulipas para su objetivo
de hacer posicionamiento. Otros que el CEN lo manda a foguearse para
dentro de un año. Nosotros solo decimos que, si gana la gubernatura de
aquella entidad en 2021, podrá regresar con la frente en alto.
Por su parte el PAN anunció un evento luctuoso nacional por los cien mil
muertos causados por el coronavirus. Presuntamente habrá actividad en
cada entidad, en las capitales como ciudad Victoria.
Lo que no tiene sentido es que Don Marko Cortés Mendoza, el jefe
nacional, en tono delirante anuncia que presentará una demanda penal por
“negligencia criminal” en la Fiscalía General de la República, en contra del
gobierno federal por esos miles de muertos. No se le entiende.
Y hablando de la víspera electoral, el presidente estatal tricolor, Edgardo
Melhem Salinas, reanudó sus giras por territorio. Dicen que su misión es
perfilar candidatos a diputados y alcaldes.
El fin de semana estuvo por El Mante en un evento de las mujeres. Se
hizo presente Montserrat Arcos Velázquez, lideresa nacional del Onmpri y
casi segura diputada por vía plurinominal en la siguiente legislatura federal.
Ya estuvo en el Congreso de la Unión.