Opinión pública
Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya no entiende uno cuales son las atribuciones de
cada dependencia del gobierno estatal, en este caso las que se encargan de
perseguir a los pillastres de “cuello blanco”.
Sabíamos que la Contraloría se encarga de varios temas y otro tanto la
Auditoría Superior, y entre sus funciones está turnar ante la Fiscalía
Anticorrupción cuando sospechan de algún delito.
Ahora vemos a Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de
Finanzas, que es la que se encarga de anunciar los avances de la lucha
anticorrupción, averiguaciones, órdenes de captura, detenidos, desviación de
recursos y empresas “fantasmas”.
Es bueno y saludable para la vigilancia y aplicación honesta de los dineros
públicos. Entre más instituciones y personas tengan a su cargo amarrar las
manos a los bandidos, mejor. Serán más eficientes y que no se les “pelen” por
desvanecimiento de pruebas, como lo vimos en otros gobiernos.
El ejemplo más conocido y “manoseado” es el de Pedro Hernández
Carrizales, ex jefe de la Sedesol estatal con Manuel Cavazos Lerma, enviado a
prisión por Tomás Yarrington Ruvalcaba por motivos reales que siguen
guardados.
La Contralora Aida Acuña Cruz duró un año “investigando” las corruptelas en
la construcción de la carretera Rumbo Nuevo. Al final envió a la entonces
Procuraduría cinco expedientes que involucraban a tres ex funcionarios y tres
contratistas en la distracción de millones.
Reunieron información y pruebas, entrevistaron a 35 empresarios y cotejaron
datos en un expediente de cuatro mil 150 páginas de trabajo infructuoso.
En agosto del año 2000 el procurador Eduardo Garza Rivas dijo que en los
siguientes días citaría a declarar al ex Gobernador Manuel Cavazos Lerma, algo
que no ocurrió.
Ya había citado al Subsecretario de Obras, Manuel Durán, por medio de
edictos “en virtud de ignorar su domicilio”, lo mismo que a un “perra flaca”
llamado Adrián Zúñiga Castillo.
Al ser capturado, Pedro alcanzó a decir ante la prensa: “Yo no me mandaba
solo”, y las pruebas se desvanecieron. Le hicieron cargos por 140 millones de
pesos sin derecho a fianza. Al último quedó en 50 mil de reparación del daño.
El fiscal pidió pena de dos a seis años de cárcel. El juez lo condenó a tres y
seis meses y el pago de los 50 mil. Salió libre el 12 de julio del 2002 por las
puerta grande de Tamatán.
Es deseable que no pase lo mismo con Cristóbal, el Subsecretario que
Inteligencia Financiera exhibe como su primer “trofeo” mayor.