Opinión pública
Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- A mediados del 2013 el ayuntamiento de Nuevo
Laredo convocó a remate de un inmueble en el fraccionamiento Los Fresnos,
propiedad de Arnulfo y Laura (sociedad conyugal) por un adeudo de 295 mil
pesos por concepto de impuesto predial.
Cientos de causantes omisos fueron sumados a la “lista negra”. Al alcalde le
urgía efectivo para saldar cuentas.
En otro ejemplo, Nicolás y Verónica (se omiten los apellidos para proteger a
las personas) debían 280 mil de un terreno en el fraccionamiento Colinas del Sur
IV.
En la misma época el ayuntamiento de Reynosa pasó a “cuchillo” a cientos
más que estaban “péndulos”. Por ejemplo, un propietario de Balcones de Alcalá
debía 360 mil. Otro de Las Fuentes 330 mil.
Los cabildos iban de salida. No había mucho compromiso político.
Las cantidades eran efectivamente abultadas. Ameritaban un “apriete de
tuercas” o mano dura para que los dueños sacaran la cartera.
En otro ejemplo, en Victoria se inició remate en contra de Omayra, residente
en Huertas San Javier, por una deuda de 350 mil.
Igual en la Mariano Matamoros, Arnulfo le debía al municipio 290 mil en tanto
que Jorge, vecino de la calle Revolución en la colonia Azteca, tenía “pendientes”
por 320 mil del águila.
El que sí la regó fue Armando López Flores, presidente de Altamira. Mandó
embargar y rematar lotes de viviendas de interés social por créditos (deudas) de
hasta 940 pesillos, mil 520 y cuatro mil 500.
Pues bien, entre 2012 y 2013 son los últimos embargos realizados por
presidentes municipales para hacer efectivo el predial, el principal impuesto que
les corresponde y significa el puntal de sus ingresos.
Sumaron alrededor de dos mil predios pero, al final, nadie informó –debieron
hacerlo para escarmiento- de con cuantos (incluidas construcciones) incorporaron
al erario.
¿Por qué no más remates? ¿en el resto de los municipios los propietarios van
al día?. Es la política. Los jefes edilicios quieren ser diputados y los diputados
presidentes. Ahora buscan la reelección.
Cobrar les quita popularidad. La escasa lana de los “voluntarios” que pagan,
se va en viajes y pachangas y no queda ni para tapar baches.
El gobierno del Estado se hará cargo del cobro. Bueno, lo hará a través de
terceros.
El asunto es que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
hay una lanita extra a través del Fondo de Fomento Municipal (el uno por ciento
de la recaudación federal participable) para aquellas demarcaciones que más
recauden.
Tamaulipas estaba fuera por falta de los convenios municipios-estado.
El 28 de abril se publicaron en el POE los primeros 25 acuerdos. Faltan 18, sin
que sea obligación que lo hagan. Lo único es que no tendrán derecho al billetito
extra.
Para que Doña Federación entregue el dinero, los Gobiernos de los Estados
deben ser los responsables de administrar tal impuesto ¿cómo demostrarlo? A
través de la publicación en el Periódico Oficial respectivo.
La verdad es que los señores presidentes municipales todos, divagan y no
aciertan una en eso de cobrar cuentas fiscales. Son los verdugos pero ni por
asomo se les ocurre perfumar el hacha.
Si en Matamoros y Reynosa cumple el 50 por ciento con el predial, quisiera
pensar que hay cifras por hacer efectivas como las indicadas líneas arriba.
En la ciudad capital los créditos andan por las mismas. Hay gente que debe
años, pero desde el 2013 no se hacen o de perdido se anuncian remates.
No se necesita mucho, solo publicar que cierto lote o predio va para embargo.
Es lo que se necesita, urge urge pero no para aquellos que están pendientes con
dos o tres mil pesotes. Deben entrar los “gordos”, los que adeudan 300 mil o más.
En adelante es el Gobierno del Estado el que se hará cargo de cobrar a los
que van al día y a los morosos.
Bueno, tampoco se manchará las manos en por lo menos hacer la advertencia
para que los interesados corran como desesperados a las Oficinas Fiscales.
El Gobierno tiene un convenio de servicios integrales en materia de
fiscalización y recaudación fiscal, con vigencia de dos años a partir de este 2020.
Es una empresa de Monterrey a la que se le asignó el contrato por licitación. Son
profesionales en lo suyo.
Son los cobradores apartidistas dispuestos a perfumar el hacha.
El contrato es por 289.9 millones de pesos (en los dos años) con la obligación
de recaudar en los 43 municipios. Para ello cuentan con cinco oficinas regionales:
Victoria, Matamoros, Tampico, Laredo y Reynosa, donde deben laborar no menos
de 250 personas (y hasta 310) entre abogados fiscalistas y administrativos.
Por obligación deben tener en funcionamiento, al servicio del contrato, no
menos de 25 vehículos entre compactos para cinco pasajeros, 16 pick-ups, dos
van para 12 pasajeros y hasta blindadas.
A mediados del 2019 la empresa MiCasa de Victoria trató de obtener la
asignación, pero no reunía los requisitos por algo muy sencillo: De los vehículos
que decía disponer, algunos estaban chocados. La licitación se declaró desierta
hasta diciembre.
Pues bien, para los que deben miles necesitan ponerse las pilas. El cobro va
en serio. Sobre advertencia no hay engaño.