Buscan “secuestrar” presupuesto del 2023
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los que se van insisten en “secuestrar” el
presupuesto de egresos 2023 del Gobierno del Estado, que se entiende
manejarán Américo Villarreal y colaboradores.
Quieren decidir sobre el pastel del ejercicio que comenzará en enero, algo
que ya no les corresponde dentro de la legalidad.
El POE publicó este jueves los criterios para la elaboración del proyecto de
presupuesto de egresos del 23´, una función que la secretaría de Finanzas
había “olvidado” desde 2017.
La Ley dice que antes del 30 de julio el ejecutivo definirá criterios sobre el
gasto del siguiente año. En la primera de septiembre las dependencias
enviarán sus requerimientos de dinero.
¿Qué traen los nuevos lineamientos?. Lo habíamos dicho en estas líneas:
Pago de contratos anticipados.
En relación a los “criterios” del 2017, esta vez Finanzas agregó en cuanto a
“líneas generales”:
“Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras
públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal
en curso, ello en lo que corresponde a contrataciones plurianuales con cargo a
recurso estatal”.
No era cuento lo que se veía venir desde diciembre del 2021 para arrebatar
la lana del siguiente presupuesto que, en el caso, ya corresponde administrar a
los morenistas.
Dan luz verde a la estructura toda del gobierno para convocar y adjudicar
contratos a largo plazo, como se espera que lo hagan en los restantes dos
meses y feria que les quedan.
El Congreso del Estado debe recibir el proyecto de Egresos, junto con la
Ley de Ingresos, en la primera decena de noviembre y aprobarlo antes de
culminar el periodo ordinario, el 15 de diciembre.
Lo publicado este jueves “es de observancia obligatoria por las
dependencias y entidades de la administración pública estatal”, para que no
quepan dudas.
Un candado más dice que el siguiente año no podrán crearse más plazas y,
el presupuesto asignado al pago de personal “es intransferible”. AVA no podrá
hacer modificaciones a partidas, como también los panistas metieron “candado”
para no reducir la multimillonaria cifra destinada a seguridad pública ni a la
Fiscalía que ya tienen secuestrada.
En los pasillos de Palacio se habla de 12 mil demandas laborales de
personas que corrieron a partir del 2016, que no liquidaron. En cambio, según
los criterios, pretenden etiquetarlas al gobierno que sigue.
Ya están secuestrados otros órganos autónomos como el Tribunal
Electoral, donde los azules quieren refugiarse igual que en la Fiscalía y
Congreso, por los años que les permitan.
Broncona es la que hay en el TRIELTAM por la designación de los últimos
funcionarios, comenzando con la Contralora (órgano de control) Perla Violeta
Salinas Barrera, cuyo “perfil” es haber laborado para el centro de “espionaje”
llamado CAIET y el C-4
La reglamentación dice que debe haber convocatoria de por medio, pero la
presidenta Blanca Hernández metió el tema en la orden del día en sesión
secreta, y lo sacó.
Hay impugnaciones en el Tribunal Federal, de inicio de los magistrados
Edgar Arroyo Villareal y René Osiris Sánchez, quienes impugnan además a
Aldo Paredes Alvizo, titular de la Unidad de Transparencia e Información
Pública; Lluvia Decilos Gámez, de Coordinación de Jurisprudencia y
Estadística, y a Jesús Alberto Soto Ramos, con la chambita de chofer.
En la Sala superior hay otros recursos en contra de la mujer con perfil de
policía. Uno viene de Ruth Angélica Mata Cruz (con carrera en el PRI) y otro
de Mariano Luciano Rosales
Hoy el Tribunal es un campo de batalla que se le deshace en las manos a la
bisoña Hernández Rojas, una burócrata que venía del Congreso del Estado
pero impuesta por los cabecistas. Perdieron la credibilidad ante los actores
políticos.
La guerra interna no es nueva. En ocasión anterior el TRIFE “tumbó” como
contralor a Juan Carlos López Aceves, nombrado ilegalmente por el Congreso,
y más antes despojaron de una magistratura a Alberto Saleh Perales.
Muy pocos creen en el máximo órgano jurisdiccional electoral de
Tamaulipas, como lo demuestra el hecho de que “Makito” Peña Ortiz, alcalde
de Reynosa, decidió brincar a los magistrados locales en su defensa por la
persecución política de que es objeto por parte del Gobierno del Estado y
jueces del Tribunal de Justicia.
El dato dice que acudió a la Sala Monterrey del TRIFE para quejarse en
contra de un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes con funciones
de Juez de Control con sede en san Fernando, cuando lo pretende privar de
sus derechos políticos por un probable delito que ha confirmado le fabricó la
gente de Irving Barrios Mojica.
Por su parte el IETAM está cerrando proceso con muestras de que
realmente es imparcial e independiente. Ese jueves aplicó amonestaciones a
Jesús “Arabe” Nader, alcalde de Tampico; al Subdirector de Limpia de
Reynosa, Iván Guzmán Franco, y al vocero de la Secretaría General de
Gobierno, Darío Vera Quintana, por violentar las normas de campaña. Bien por
Don Guadalupe Ramos Charre.