Golpe de estado legislativo
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es un “golpe de estado legislativo” que costará
esfuerzo y tiempo corregir. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja a
pasos de tortuga.
En los últimos meses la bancada del PAN en el Congreso se ha servido con
la cuchara grande. Aprueban reformas a Leyes y reglamentos con mayoría
simple, pero con “candados” de mayoría calificada para revertirlos.
Igual, en esa serie de violaciones a la Ley, decretaron que el Gobernador
no tiene derecho de veto en los temas legislativos ni puede negarse a publicar
acuerdos que tomen los diputados.
A grandes problemas grandes remedios. El gobierno que viene deberá
buscar una solución efectiva y rápida sobre el tema ¿desaparecer el Poder
Legislativo de Tamaulipas? Pudiera ser, los morenos trabajan en secreto, no
dan a conocer sus estrategias.
De la Corte no hay mucho que esperar. Luego de largos meses promete
resolver sobre quién tiene derecho a la Junta de Coordinación Política del
Congreso, si los morenos que la ganaron en las urnas o los azules que
alcanzaron mayoría por “chapulineo” (y sospechas de “maiceo”) de cinco
damitas.
La Segunda Sala agendó para el 13 de julio el expediente en que diputados
guindas se quejaron del agandalle al reformar la Ley Interna para introducir
que será coordinador parlamentario, el grupo “que por si mismo cuente con la
mayoría absoluta de los integrantes del Congreso”.
Originalmente la Ley decía que será líder por duración de la legislatura, “el
grupo parlamentario que haya obtenido más votos en el estado, en la elección
correspondiente a la legislatura en turno”, en este caso Morena que alcanzó la
más alta clientela en las urnas.
Son múltiples los abusos de la bancada mayoritaria del PAN. Se
necesitarán años para que la Corte corrija si es que los morenos buscan
soluciones por esa vía.
El 14 de junio los azules decretaron que “esta Ley –Interna-, sus reformas,
adiciones, derogaciones, así como su abrogación, necesitarán para su
aprobación la votación de las dos terceras partes de los integrantes del
Congreso”.
Hacen reformas con mayoría simple para decretar que solo se pueden
revertir con mayoría calificada.
Un candado más que impusieron los que se van, aun en contra de los
ordenamientos de la Constitución Estatal:
“No requerirán (los acuerdos del Congreso) de promulgación del Ejecutivo
para tener vigencia, ni podrán ser objeto de observaciones (veto) y serán
publicadas inmediatamente en el Periódico Oficial del Estado”.
Tramaron maniobras para resolver que los asuntos con dispensa de turno a
comisiones, solo podrán autorizarse cuando lo voten a favor las dos terceras
partes de los diputados presentes en el pleno.
Los analistas le llaman “golpe de estado legislativo” que requerirá de
esfuerzos para volver a la constitucionalidad las Leyes que modificaron a
conveniencia.
En otros asuntos, los que se van en menos de tres meses, quieren
consumar la venganza en contra de Maki Ortiz Domínguez, destituyendo como
alcalde de Reynosa a su hijo Carlos. La maquinaria y recursos están enfocados
en esa dirección. Quieren a un jefe edilicio a modo.
Para consumar el atraco se habla de compra de conciencias de regidores,
así como hicieron con las diputadas originalmente de Morena. En la ilegalidad,
suspendieron los derechos políticos a Peña por presuntos delitos que desde un
año le fincaron.
¿Qué se dice en el cuartel general de Morena? Seguirán reconociendo a
Carlos como presidente de Reynosa. Lo es por la decisión soberana de los
votantes.
Desde Palacio nunca soportaron que Maki les ganara la plaza en los seis
años en que ejercieron desde la “segunda capital de Tamaulipas”.
Les ganó la reelección e hizo morder el polvo a “Chuma” Moreno Ibarra,
Gerardo Peña Flores y otros del “cuadro chico”. Buscan la última venganza
utilizando el Poder Judicial con un Juez que no tiene muy buenos
antecedentes.
A ella le señalaron irregularidades por 55 millones de pesos vía Auditoría
Superior; a él por 4.5 millones de pesos que le dio su madre para la compra de
un rancho de 1,500 hectáreas, cuando él tenía 21 años.
De la Corte no hay mucho que esperar. Siguen pendientes las famosas
controversias 50 y 70/2021 interpuestas por el Congreso de Tamaulipas, en
contra de la declaración de procedencia para enjuiciar al Gobernador Francisco
Javier García. El gobierno termina en menos de tres meses y es fecha que los
Ministros siguen en espera.
Dos años después no han sacado el expediente 293/2020 promovido por la
propia Ortiz Domínguez, en contra del Auditor Superior Jorge Espino Ascanio
por perseguirla y atosigarla.
Mientras en Victoria, el alcalde Eduardo Gattás se esfuerza por gestionar
servicios para la comunidad. Consiguió que el Grupo México y Empresas
Ferromex estacionen el “Dr. Vagón” por cuatro días en Victoria, para ofrecer
500 consultas diarias y servicios en 17 especialidades además de ultrasonidos
y electrocardiogramas, en beneficio de personas vulnerables económicamente
Psicosis sobre la Brigada “Pedro J. Méndez”
Vaya que este miércoles la autoridad estatal hizo
esfuerzos por generar psicosis entre la población capitalina, respecto a la
marcha que miembros de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez emprendieron
desde el municipio de Hidalgo.
En base a rumores, la idea fue generar duda, incertidumbre, miedo sobre
las intenciones de los autodefensas, y por poco lo logran. Dependencias
estatales “empujaron” y dieron libre la tarde a sus empleados para que se
“resguardaran” en casa en espera de los balazos y la “toma” de edificios.
Sin fuente informativa y viajando a velocidad del Demonio, el rumor es buen
instrumento para generar caos en cualquier entorno social.
Poco faltó que alguien dijera que venían “a comer niños” luego de
secuestrar a sus padres.
Como parte del “operativo”, recintos de los tres poderes incrementaron la
seguridad con más elementos policiacos como el Congreso del Estado,
Tribunal de Justicia, la Fiscalía. Igual la Casa de Gobierno generalmente
atestada de guaruras.
Concentraron en Victoria las cien patrullas de la PE. No había necesidad.
Nunca los servidores públicos, la sociedad en general, estuvieron en riesgo por
la presunta llegada de los brigadistas “armados” hasta los dientes con unos
garrotes que cortaron por el camino.
Venían a realizar una protesta más, como otras en las que han participado,
bien organizados y con liderazgo, pero con una diferencia: Ya no son
partidarios del PAN.
Esta vez, en lugar de concederles el derecho al libre tráfico, de audiencia,
manifestaciones de protesta pacíficas, expresar y disentir, fue la autoridad la
que les impidió el paso por la carretera a Monterrey.
Policías preventivos e investigadores bloquearon el paso en varios puntos
desde El Barretal. Unidades de transporte pesado fueron “tomadas” para
atravesarlas sobre el puente Purificación y cinta asfáltica en la ruta Victoria-El
Tomaseño y Libramiento Naciones Unidas.
Hicieron tormenta en un vaso de agua que por poco “pega” y les da
resultados, cuando los enemigos no traían armas ni venían a liberar, a punta de
bala, a su líder Octavio Leal Moncada, porque está internado en un penal de
Reynosa.
No alcanzaron a llegar ni a las goteras de la Villa de Aguayo. Hicieron su
mitin a 40 kilómetros, ejido Plan de Ayala, municipio de Guémez, donde los
estatales cerraron el paso de vehículos.
Ni venían miles como se hizo creer en las oficinas públicas. Los propios
oradores, en el mitin, calcularon 1,500 almas que llegaron en alrededor de 200
vehículos procedentes de municipios como Villagrán, Mainero, San Carlos, San
Nicolás y el propio Hidalgo. No todos tienen tiempo de andar en esos trotes.
Cierto que la Brigada, que nació por 2010, tiene una amplia base social
pero no toda la comunidad está de acuerdo con su proyecto, y así se
manifestó en las urnas el cinco de junio. No todos votaron por la 4T como fue el
acuerdo.
No los defendemos, ni los conocemos, pero Seguridad Pública y la Fiscalía
no debieron interrumpir la manifestación pacífica, y menos despojar de sus
celulares a periodistas que hacían transmisiones en vivo del evento.
Si el detenido es culpable o no, si es “preso político” del gobierno panista,
como claman los partidarios, ya lo decidirán los tribunales.
Con seguridad que, si el lunes los brigadistas tratan de “tomar” la capital,
como lo anunciaron, la sociedad ya estará enterada que “el león no es como lo
pintan”. Son hombres y mujeres como cualquiera de nosotros que han sufrido
los embates del crimen organizado.
Mientras tanto, continúan los empeños panistas por apoderarse del
ayuntamiento de Reynosa, aun por sobre la decisión del voto ciudadano.
Como reguero de pólvora –igual rumor- corrió el chisme de que los
“operadores” ofrecen hasta cinco millones de pesillos por un voto que incluya
en la terna para alcalde sustituto a Jesús María “Chuma” Moreno Ibarra, del
PAN, en sustitución de “Makito” Peña.
No hay elemento de prueba pero pudiera suceder. Fuimos testigos de
cómo, antes de rendir su protesta como diputadas, dos damitas de Morena se
brincaron al PAN, el establo contrario.
Todo puede suceder si, como dicen, “con dinero baila el perro”, o “toda
cabeza tiene un precio”.
En otros asuntos, como siempre Ramiro Ramos Salinas, de los próceres
priístas, se adelantó a los tiempos y sacó la cabeza para que se le tome en
cuenta por la senaduría en 2024. Se declaró “listo” cuando nadie sabe si el
tricolor hará alianza con los azules o van solos.
A como marcha el tema, para cuando termine el plazo para ir de asociados,
el jerarca “Alito” Moreno ya no estará en la jefatura tricolor. En el PAN, el jefe
político –que seguirá operando el partido- jamás aceptará que lleve la bandera
un revolucionario.
Decíamos que empezaron a llegar en cascada los fíats de notarías para el
“cuadro chico” panista. El último es para Blanca Isela Pérez Ramírez, de
Nuevo Laredo, esposas nada menos que del pastor del Congreso, Félix “Moyo”
García Aguiar.
La Ley dice que los funcionarios que se van no pueden “cargar” con las
notarías, pero no lo prohíbe con los familiares, esposas, maridos, hermanos,
padres o madres.
Abogada y ex regidora en aquella esquina, ahora se le concedió la patente.
Mañana se publicará la autorización del fíat de fedataria.