Los alcanzó el destino
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El destino parece alcanzar a una familia de
victorenses que han vivido al filo de la navaja en los últimos lustros. Se apagó
la buena estrella.
Gozaron del poder y dinero oficial. En sus días de gloria en Tamaulipas y
Nuevo León, se vieron envueltos en escándalos de corrupción y favoritismos.
Su buena suerte terminó en Coahuila.
Hasta se publicó que participaron en el financiamiento –ilegal- del candidato
derechista al gobierno de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien ganó los
comicios y es Presidente desde enero del 2020.
Ella es Aida Aracely Acuña Cruz, Contralora del Gobernador Tomás
Yarrington Ruvalcaba, a cuya salida la hizo diputada (protegerle las cuentas
públicas) local, y Rafael García Luna Martínez, ex delegado del ISSSTE que
dejó una historia de corrupción más larga que la Cuaresma.
Pues bien, el fin de semana fue detenido por la FGR en San Pedro Garza
García, N. L., uno de los cachorros, Luis Rafael “G”, socio mayoritario de la
mina El Pinabete, en Coahuila, acusado de diversos delitos luego del accidente
en que quedaron atrapados en los socavones diez trabajadores, en hechos del
tres de agosto de 2022.
La detención se hizo luego de un cateo en un domicilio del exclusivo
fraccionamiento Valle de San Angel. Como medida cautelar preventiva el juez
de la causa determinó que lleve el proceso en prisión.
Está acusado de explotación ilícitas de un bien nacional, con lo cual podría
ser condenado a 12 años de cárcel.
De pertenecer a una familia de clase media baja, con residencia en la “Col
Mainer”, los García se convirtieron en potentados. Al terminar Aida el trienio en
el Congreso, se fueron a vivir a Monterrey donde se vio envuelta en actos de
corrupción como contralora del Parque Fundidora.
Revelaciones periodísticas dicen que recibió el nombramiento en enero del
2012 y, para 2012 permitía el otorgamiento de contratos la empresa Ral del
Noreste, propiedad de su marido Luis Rafael y su hijo del mismo nombre.
Con supuesto domicilio en la calle Lauro Aguirre 2705 del fraccionamiento
Valle de Aguayo en esta capital, la empresa fue considerada como facturera.
No existían oficinas.
Creció el escándalo cuando se supo que cuatro familiares más de ella y su
marido cobraban en el Parque Fundidora, como un Salvador García Gargas,
jurídico.
¿Por qué concepto se le pagaron 1.3 millones? Anotaron que “asesoría
para elaborar protocolos”.
Después de eso las voces locales perdieron la pista del matrimonio ¿qué
hacen ahora?. Informes confidenciales dicen que se desplazan pro el sureste
mexicano, que andan en negociaciones para adquirir, junto con Fernando Cano
Martínez, el rancho “El Mostrenco”, propiedad del ex Gobernador de Yucatán,
Mario Villanueva Madrid, para convertirlo en hotel. Hay dinero.
El cachorro, que se quedó en Nuevo León, se dedicó a los negocios de
minería con otros personajes que aparecen siempre en el escándalo, como
Régulo Zapata Morales, el otro presunto implicado en el tema de
financiamiento de la campaña presidencia en Guatemala. Siempre juntos los
dos.
Dicen los informes que en 2018 el hijo de las Mainero fue ungido presidente
de la empresa Pinabete. Tal bien le fue que en 2022 recibió pagos por hasta 22
millones de pesos al venderle carbón (mineral) a la Comisión Federal de
Electricidad, en Coahuila.
“Hijo de tigre pintito”. Salió “bueno para los negocios”, igual que su padre
que ya no se acuerda del consultorio como médico general en la clínica del
Issste de la capital.
Como delgado del ISSTE, Luis Rafael se ganó a pulso los señalamientos de
corrupción. Nunca lo alcanzó el largo brazo de la Ley pese a que las auditorías
lo incriminaban. Siempre lo protegieron “manos extrañas” que venían de
Palacio de Gobierno.
Una denuncia de los diputados locales del PAN señalaron que el médico
García otorgó concesión por el servicio de vigilancia a la empresa Corporativo
Santander, mediante el “cómodo” moche de 200 mil varos, esto en 2004.
Otorgó otros contratos a una empresa llamada Sistemas y Procesos
Integrales de Protección, de la que tampoco se supo si existía pues declaraba
dos domicilios: Boulevard López Portillo No. 1201 L-1A, y en otra parte señala
Once y Berriozábal ¿cuál el verdadero?.
Aparecieron varios nombres como el subdelegado Abel Alvarado Tijerina y
la encargada de oficina de licitaciones, Carla Ríos Rodríguez, Hugo
Hernández, del departamento de Limpieza y otros que intervenían en la
asignación irregular de contratos.
Todo hizo negocio el señor García: Hasta recibos de viáticos fantasmas
para colaboradoras del Instituto, para convertir la lana en autos de lujo que
regalaba a ellas.
Ingresó al ISSSTE (nómina) en 1999 y fue hasta diciembre del 2012 en que
aceptó hacer pública parte de su declaración patrimonial.
En ese periodo compró once propiedades, todas “al contado”, como
escribió: Seis casas, tres terrenos, dos locales comerciales y un apartamento.
Igual en 2012 compró al contado un Jeep Wrangler de lujo. No debía ni los
saludos.
En esta capital pocos los recuerdan. Solo reciben noticias de medios
nacionales cuando los “atoran”, como es el caso del Junior
Precandidato con olor a vacuno
Tres son los responsables de la quiebra en que
se encuentra el organismo de seguridad social de los burócratas estatales
(IPSET), casualmente ex secretarios de Finanzas del Gobierno.
En contra de uno presuntamente hay orden de aprehensión (que no se ha
cumplimentado porque el hombre está enfermo); el otro huyó como los buenos,
abandonó sus papelerías que no le dejaban quinto.
El tercero, luego del gran atraco, aspira ¡otra vez! a la alcaldía de esta
capital, ahora por las siglas azules, representando al cabecismo.
Ya fue, pero dicen que los delincuentes tienden a regresar al escenario del
crimen para confirmar que su delito quedó impune ¿será el caso?.
Los tres dejaron cola en el Instituto, una deuda que sumaba alrededor de
1,400 millones de pesos –más intereses- que correspondían al fondo de
pensiones. Destinaron el dinero a otras funciones ¿o se fue a la corrupción?.
Lo más criminal es que nuestro hombre había descontado recursos de
nómina a los trabajadores, pero no lo depositó en las cuentas del IPSET. La
Auditoría Superior del Estado presentó demanda penal en contra de la tercia.
Un informe de marzo del 2022 –cuenta del 2021- signado por el despacho
Sáenz Salinas, del equipo compacto de Cabeza de Vaca, señala que los
adeudos sumaban un mil 639 millones, contando ya los créditos personales de
quienes se fueron con “hebra”. Recibieron préstamos ilegalmente y no pagaron.
Volviendo con el último prócer (que inexplicablemente anda “vivito y
coleando”), el que quiere “repetir”, hay que decir que está en la animadversión
de la opinión pública del municipio, por “bañado”, pero algo que cala hondo en
el orgullo ciudadano es que antepuso intereses personales a los colectivos, al
“chapulinear” de partido para ocupar un sillón en el Congreso de la Unión.
En 2018 perdió la reelección por el 17 Hidalgo de la capital pero, al unirse a
los cabecistas, le ofrecieron en charola de plata la diputación por el V distrito,
cuya elección perdió en la mancha urbana pero se alzó en la región de
influencia de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez.
A decir de los panistas, es la mejor “carta” que tienen. Habría recibido el
visto bueno desde los Estados Unidos para ir por alianza Vamos por
Tamaulipas 2024, PAN, PRI y PRD.
Es una alianza no confirmada que deja muchas dudas. En las últimas
jornadas perdieron por permitir que Acción Nacional impusiera a los
candidatos. Al estilo Cabeza los “dedazos” vinieron de Palacio.
Hoy las circunstancias no favorecen a los panistas y menos con el ex
Tesorero como abanderado. El humor social es anticabecista, el que reprueba
todo lo que huela a vacuna.
Nos preguntamos ¿qué le dejó el árabe a la capital? ¿cuáles son sus
méritos? Para comenzar, le entregó la capital al adversario después de 23 años
(Gustavo el primero presidente panista). Permitió la llegada del mayor desastre
en la historia de la Villa de Aguayo, Xicoténcatl González Uresti.
Pensó que ofreciendo pollo asado y discadas por las colonias de la periferia
apapacharía al respetable y le daría el voto.
Fue el bienio perdido de la capital, a cuyos habitantes dejó sedientos, con
primero lugares nacionales en criminalidad, deficiente alumbrado público y
rezagos en panteones y recolección de basura.
La hasta entonces pacífica capital fue calificada por el Observatorio
Ciudadano Tamaulipas (OBCITA) como “la capital del crimen en México en los
delitos de mayor impacto: Homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa
habitación, violación sexual y robo de ganado”.
“Parecía bueno” cuando llegó. Al rato se le subió el poder. Pensó que sería
Gobernador. Rápido se fue a la fría banca hasta que lo rescataron los panistas.
En la casona del 17 duplicó virtualmente la burocracia. Elevó las
direcciones administrativas de 09 a 22 para dar cabida a sus amigos ¿es lo que
quiere volver a hacer?.
Por ejemplo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos hizo cuatro
secretarías más: Obras Públicas, Conservación de Espacios Públicos,
Limpieza y Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte. Igual duplicó el
gasto corriente y se aumentó el sueldo y el de síndicos y regidores.
Pagó miles en “asesores” que a lo mejor ni lo asesoraban porque perdió la
reelección en 2018 y dejó la víbora chillando.
Entre los “agraciados” se encuentran un Luis Carles Jiménez con 30 mil
varos mensuales (de entonces); Tomás Reséndez González, 58,200; Eduardo
Martínez Vargas 65,300 y Bernabé Uribe Mora 30,400, todo pagado por
recibos.
Le quedó grande la silla fue la expresión de aquellos días de quien. La
imagen es que se enriqueció a los bestia desde la jefatura de las finanzas.
A seis años de aquellos días negros de la capital, que precedieron a la
noche triste del PAN de González Uresti, la opinión de grupos y personas es
que la Alianza debe hacer una buena selección de su candidato, o candidata,
si es que quieren ser competitivos. Morena lleva ventaja con quien sea el
abanderado. Hay ventaja. El puro olor a vacuno descalifica a cualquiera
Tema aparte, comenzó la semana sin quedar resuelvo el asunto del Auditor
Jorge Espino Ascanio. El hombre cree que se manda solo y no le hace caso a
los jefes del Congreso ¿qué hacer?.
Hay quienes opinan que procede un cateo para preservar la documentación
de las cuentas públicas del Gobierno anterior, ayuntamientos y
descentralizados, que están siendo robadas por Espino y compañía. No
necesitan orden judicial ¿así es?.