El “famoso” distrito 1
Indemnización para el “dedo chiquito”
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La voz popular afirma que en los primeros de
octubre del 2019, a tres años de iniciar la aventura, se pelearon a mentadas de
menta en Palacio.
El compadre ya no regresó al despacho pero nunca dejó de cobrar en la
nómina del Gobierno. En cambio hizo crecer los negocios de constructoras
domiciliadas en la frontera, cuyos propietarios son funcionarios panistas.
Muy conocida la versión del grupo compacto Reynosa: “El jefe aprieta pero
no ahorca”.
Con esa variante de personalidades que lo caracterizan, puede correr a
alguien al son de tronarle los dedos, pero luego lo perdona.
Pues bien, a regañadientes el “jefe” acaba de otorgarle a Víctor Manuel
Sáenz Martínez una notaría pública como “indemnización” a los tres años que
lo soportó desde la Oficina del Gobernador.
El berrinche debió durarle mucho porque el acuerdo de regalarle el fíat se
tomó el 10 de noviembre del 2021, y fue publicado en el periódico Oficial del
Estado, para su vigencia, este martes seis de septiembre.
Tan viejo es el documento que lo firma “El Truco” Verástegui como
secretario General de Gobierno.
Víctor pertenece a la privilegiada lista de aproximadamente 80 amigos que
recibirán fíat en la recta final del sexenio. Se habla que entre ellos van
familiares de Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón, los asesores más
“pesados” (económicamente) del cabecismo.
Sáenz fue también de los seis que integraron la lista azul para el comité de
transición con el gobierno de Torre Cantú. Acompañó a Cristobal Bardan, David
Alberto Salazar Vite, Arturo de Jesús Sáenz y César Verástegui.
Bueno, los Sáenz son familiares pero Arturo no quiso chamba en el
gobierno y se dedicó a hacer millones a través de su despacho contable «AJ
Sáenz & Cía, SC». Recibió contratos de auditorías externas del gobierno,
incluyendo descentralizados como Comapas y DIF.
Todo a su favor desde la propia Contraloría a través de uno de sus
incondicionales, Jesús Uresti, “amigo” del equipo desde que fue enviado a
Reynosa a auditar el ayuntamiento cabecista (tiempos de Eugenio Hernández)
pero, en lugar de buscar pillerías, concertó negocios.
Víctor el “dedo chiquito”, consentido de la esquina del poder, el “brazo
fuerte”, consejero, asesor, dueño de presupuestos y nombramientos, virtual
Vicegobernador de Tamaulipas. Los secretarios del gabinete tenían que
acordar primero con él antes que con el electo en las urnas.
Palomeaba nombramientos en cada secretaría, concedía indultos o
aplicaba castigos. Era mencionado como prospecto para la sucesión después
de pasar por el Congreso del Estado o una diputación federal.
Fue de los “tres tigrillos” desde que el PRI les regaló la diputación federal
por Reynosa. Los otros dos “Chuma” Moreno Ibarra y Gerardo Peña, pero a
ninguno dejó crecer como para aspirar a la sucesión.
Había sido secretario del ayuntamiento en el gobierno panista después de
cobrar en la Comapa.
Al rompimiento por cuestión de pesos y centavos ¿por qué más pudo ser?
recibió la beca permanente de asesor del ejecutivo para la zona norte de
Tamaulipas, en concreto Reynosa. Mantuvo bajo perfil luego que uno de sus
hermanos fue víctima del crimen organizado.
Pues bien, el “dedo chiquito” será el notario número 1,517 con ejercicio en
Reynosa Tamaulipas.
Siguiendo con el gabinete, la verdad es que termina con casi una veintena
de “parches”, sustituciones en apariencia provocadas por el mismo mal
carácter, gritos y reclamos.
De aquel grupo de 22 que recibieron nombramiento en octubre del 2016,
solo quedan el chilango Irving Barrios Mojica, la victorense Cecilia del Alto
López y el fronterizo Gilberto Estrella Hernández.
Bueno, desde los inmundos sótanos de Palacio, el “cerebro” y Asesor
Jurídico Abelardo Perales sigue orquestando la inconstitucionalidad a la que
han llevado a Tamaulipas.
Fuera de dos que tres como Verástegui, Héctor Escobar Salazar y “El
Arabe” Nader, a los que premió con candidatura, los demás se fueron por riñas
y presiones internas. No tenían permiso ni para nombrar a un chofer, su chofer.
De los primeros en “saltar”, Lydia Madero García, la ex de Salud; Don Luis
Sottil, de Cultura, y Gonzalo Alemán Migliolo, de Desarrollo Rural.
Para qué hablar de los demás colaboradores iniciales, como el
Vicealmirante Luis Felipe López Castro, el Contralor Mario Soria Landero, o la
jefa de Finanzas María Gabriela García Velázquez, cuyo currículum dice que
es “ingeniera”.
Igual fueron cesados –nadie renuncia a suculentos sueldos- María Isabel
Gómez, de Turismo; Estela Chavira Martínez, del Trabajo; Carlos W. Talancón,
de Desarrollo Económico y así sucesivamente.
Es la administración que más ha cambiado gente en el curso del sexenio, lo
cual genera sospechas que el problema no son los colaboradores sino el jefe.
Hablando de cuestiones académicas, el Rector de la UAT, Guillermo
Mendoza Cavazos, presidió en Tampico la reunión del Colegio de Directores,
teniendo como invitado al Director Ejecutivo del Centro Internacional de
Excelencia de las Naciones Unidas en Administración Sensible de Recursos
(ICE-SRM), Ulises Neri Flores, quien dictó plática sobre “Implementación de
acciones de sostenibilidad en las industrias extractivas y energía”.
Se acabó el “derecho de pataleo”. En cuestión de
días –horas- el TRIFE habrá resuelto la totalidad de las impugnaciones
presentadas por el PAN para confirmar a Américo Villarreal como Gobernador.
El colegiado declaró infundados, inoperantes e ineficaces los agravios de
que se dolían los azules. Perfilan así a AVA como el ganador.
Acción Nacional –Pri y PRD se deslindaron de la judicialización- pidieron
anular la elección en los distritos en que perdieron, pero no comprobaron las
presuntas irregularidades, como esa de “violencia generalizada” en el ya
famoso distrito 13 con cabecera en San Fernando.
Este miércoles el abogado panista Marco Antonio Baños Martínez, ex
consejero del INE, insistía en que la demanda “madre” sigue pendiente. Y lo
está, pero con la definición de las impugnaciones distritales que favorecen a
Américo.
Vale un pequeño análisis sobre esa región que cubre los municipios
dominados por las autodefensas de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez.
El PAN pidió anular 60 casillas alegando coacción al voto y violencia. Sin
embargo, la lista oficial de incidencias no menciona presiones, golpes o de
perdido gritos.
Lo que sí anotaron los funcionarios de casilla, en los documentos del día de
los comicios, es que “la mayoría de las personas que votaban le tomaban fotos
a su boleta”. ¿El motivo? cobrar los 500 pesos que estuvo pagando el PAN a
quien comprobara que emitió sufragio por la Coalición que apoyó a César
Verástegui.
Es un aspecto que no investigaron a fondo los magistrados locales ni
federales, pese a que Morena presentó juicio de inconformidad sobre la
“compra” de votos en efectivo y entrega de despensas, algo que no es
desconocido para los tamaulipecos. Muchos cobraron y otros se negaron a ser
cómplices.
Hay votantes que hasta olvidaron en la casilla el folio que les dieron para
identificar que votaron por la alianza.
Otra incidencia: En la casilla 316 EXT C1 faltaron boletas. De 589
anunciadas llegaron 586, algo que no puede ser motivo de anular un distrito
completo.
En una boleta, alguien escribió una mentada de madre para un partido, y un
ciudadano quiso llevarse la boleta luego que le advirtieron que no podía utilizar
su celular. No lo hizo.
No mereció seguimiento el robo de algunas urnas y el intento en otras,
como el caso donde ejerció su derecho el candidato Américo Villarreal, ciudad
Victoria.
Ya nadie habló de la tarjeta La Tamaulipeka, evidente fraude orquestado
por la coalición Va por Tamaulipas que esperaban les trajera los mismos votos
con que engañaron a la ciudanía en el 2016. Prometían tres mil pesillos por
mes. Ya nadie les creyó.
Fue instrumento de coacción al voto, pero los magistrados le pusieron poca
atención, lo mismo que a la “pisca” de 500 pesillos, una mancha que quedará
para la historia de la controvertida democracia local.
El TRIFE confirmó la resolución del tribunal doméstico. Los panistas no
pudieron comprobar “la privación de la libertad a representantes de
partido ante casillas durante la jornada electoral”, como se dolían.
Alegaban en el distrito 13 que 26 personas no autorizadas como
funcionarios estuvieron recibiendo paquetes electorales. El INE acreditó haber
expedido los nombramientos.
En igual número de casillas, los celestes y su abogado exclusivo Baños
alegaban que el personal de traslado de las urnas a los Cryt tardaron más de
dos horas, cuando en su imaginación pensaban que podrían llegar en una
hora.
Pues bien, el golpe está dado pese a que “El Cachorro” y Baños Martínez
convocaron a la prensa casi a la misma hora –en que se reunía el Tribunal-
para decir que el proceso electoral será anulado y están listos al bat los
alcaldes Mario López Hernández y Adrián Oseguera, de Matamoros y Madero.
Corrieron el rumor desde temprana hora, sin argumentos, esperando que
creciera como “bola de nieve”. Los medios de comunicación estuvieron atentos
al desarrollo de la sesión de la Sala Superior.
En los siguientes días se espera que el máximo tribunal cite a pleno para
poner sobre la mesa el expediente de revisión constitucional 101/2022, que se
refiere al cómputo estatal y constancia de mayoría. No hay vuelta de hoja,
como se dice.
Y siguen pendientes en el máximo órgano, las quejas de los magistrados
electorales Edgar Arroyo Villareal y René Sánchez Rivas, en contra de la
presidenta del TRIELTAM por la designación de Violeta Salinas Barrera como
jefa del Organo Interno de Control; Aldo Francisco Paredes Alvizo, de la Unidad
de Transparencia, y Lluvia Cristal Decilos Gámez, en la Coordinación de
Jurisprudencia. Veremos.
Por cierto, desconcertó una presunta resolución “provisional” del Tribunal
de Justicia de Tamaulipas, sobre la decisión de su similar Electoral local de
“tumbar” la Comisión Permanente de extracción azul del Congreso del Estado
¿qué tiene que andarse metiendo en asuntos electorales?. Suena a
madruguete para ganar tiempo.
Las controversias entre poderes estatales se resuelven, cierto, en el STJ,
pero no sobre esos temas. En todo caso es el TRIFE, el que no ha difundido si
recibió el recurso de apelación. Pendientes igual sobre el particular.