Abraham Mohamed Z.
Candelero
(Especial).- Ante el evidente abuso de poder cometido en Veracruz en agravio de varias personas encarceladas injustificadamente acusadas del represivo delito de “ultrajes a la autoridad” y que confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos al atender la denuncia presentada por una Comisión Especial del Senado de la República, el gobernador Cuitláhuac García para evitarse problemas mayores, depuso su autoritaria postura y anunció que “aceptaba en su totalidad” la recomendación 146/2021 hecha por la CNDH , y por ello solicitará al Congreso local derogar el mentado delito de “ultrajes a la autoridad” del Código Penal de Veracruz.
En conferencia de Prensa, el gobernador reiteró “que se atenderán al cien por ciento los puntos de la recomendación que emitió la CNDH, tras la detención de seis jóvenes que fueron detenidos en Xalapa por presuntamente cometer el delito de “ultrajes a la autoridad” y al preguntársele si iba a pedir la derogación de tal delito respondió: “la aceptación es en sus términos, no se puede aceptar a medias, si vas a aceptar, aceptas completamente”, pero -advirtió– tal vez refiriéndose al caso del Secretario Técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel Del Rio Vírgen—“que algunas aceptaciones se dan en forma parcial y, en dichos casos, se debe explicar el por qué no se aceptan al cien por ciento. “Sin embargo, -añadió- este no es el caso”.
Según la recomendación 146/2021, tanto el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, como la Fiscalía General tiene que brindar atención médica y psicológica a los seis jóvenes que fueron encarcelados en el penal de Pacho Viejo, la cual deberá ser proporcionada hasta que alcancen su sanación física y emocional. También se deberá valorar el pago justo de una compensación para todos ellos por las violaciones a sus derechos humanos lo cual deberá ser atendido y tramitado a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito. Y además, la CNDH presentó una queja ante la Contraloría General del Estado, así como una denuncia de hechos en la Fiscalía General del Estado, para que se castigue administrativa y penalmente a los policías por haber violado los derechos humanos al detener injustificada e ilegalmente a los seis jóvenes.
Para garantizar las medidas de no repetición, tanto el gobierno de Cuitláhuac García como la Fiscalía General tienen un plazo de tres meses para impartir un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica, dirigido a los elementos involucrados y a los Fiscales del caso de los seis jóvenes.
Además, se estableció que: “mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa; remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”. La Comisión pidió al Gobierno y a la Fiscalía designar a un servidor público de alto nivel de decisión como enlace para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación. candelero_revista@yahoo.com.mx mohacan@prodigy.net.mx