El juego de las cuentas públicas
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por más que el Auditor jure que se ajusta a la Ley,
no es creíble que la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno,
ayuntamientos y descentralizados, es real.
A nadie se le quita la idea que reciben manejo político según el gobierno en
turno, que son instrumento de presión para doblegar a quienes “brincan las
trancas” de la disciplina y fidelidad, hacia la “esquina del poder” en ciudad
Victoria.
Son escasos aquellos funcionarios estatales y municipales que han pagado
con “barrote” –cárcel- el saqueo del erario.
En otras palabras, la revisión de los ejercicios fiscales son un juego de poder y
sometimiento.
Que sirva de preámbulo lo anterior, para abrir comentario sobre los
dictámenes (decretos) aprobados por el poder legislativo en la última sesión
plenaria del año, este martes.
Pudiera tener razón la Auditoría Superior en “atorar” a determinados
organismos (actuales jefes o ex), pero no demuestra con pruebas y hechos que
hay irregularidades. Los papeles solo dicen que “no cumplió con las disposiciones
legales y normativas aplicables en la materia”.
En conclusión: La Auditoría no tiene credibilidad ante los ciudadanos y menos
los actores. No es que la haya perdido porque nunca la ha tenido. Opera según
los vaivenes de la política.
Por eso nadie cree que esté ajustada a realidad la negativa hacia las cuentas
de algunos municipios como Reynosa, ejercicio 2018, cuando es público y sabido
que la presidenta Maki Ortiz Domínguez no la lleva bien con el poder estatal.
Después de las negativas, las mujerona hizo su defensa en redes sociales:
“La Auditoría Superior de la Federación aprobó la Cuenta Pública de Reynosa de
2018 y 2019, en cambio la Auditoría Estatal no las aprobó! Casual…”
Un mensaje más: “El Congreso del Estado de Tamaulipas vota en contra de la
Cuenta Pública 2018 de Reynosa, sin considerar la solventación presentada de
febrero a la fecha. Casual…”
Los documentos no explican por qué tampoco “pasó” la Comapa de aquella
región, cuyo presupuesto de ingresos autorizado fue por 679 millones y los
egresos 848. El gasto es por 169 millones más ¿es delito?.
Como única versión los fiscalizadores mencionan que “las partidas de
ingresos y egresos no se encuentran debidamente justificadas y comprobadas…
Causando probables daños y perjuicios a la hacienda pública”.