POR: OSCAR DIAZ
GMC S.A. de C.V. de Alberto Berlanga Bolado.
Resultó generoso el secretario GIlberto Estrella.
Por Oscar Díaz Salazar
Al inicio del periodo sexenal en el que Francisco García Cabeza de Vaca será titular del poder ejecutivo del Estado de Tamaulipas, sus colaboradores de diversas dependencias, llevaron a cabo «operativos» para clausurar negocios que no cumplían con los requisitos de ley para funcionar.
Los despliegues de autoridades, inspectores y ayudantes, acompañados de la fuerza pública (policía), fueron reseñados por los medios de comunicación, por los reporteros que atestiguaron los hechos, o simplemente difundieron los boletines de prensa que las dependencias respectivas redactaron por la ocasión.
En esta campaña para meter orden en diversas actividades económicas que requieren de permisos para su operación, observamos la clausura de casinos, y su posterior apertura; el retiro de la circulación de taxis piratas, y su regreso a las calles para ruletear; el cierre de comercios donde venden alcohol, y la reapertura de los mismos expendios de cerveza y licor; y algo inédito, o al menos no difundido con anterioridad, fue la clausura de bancos de materiales, en varias regiones del estado de Tamaulipas.
Esta última acción para inspeccionar y clausurar los bancos o minas de las que se extraen materiales que no son tema o jurisdicción del gobierno federal, como es el caso de la tierra, las calizas y las piedras, estuvo a cargo de autoridades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del Estado de Tamaulipas, cuyo titular es el Ing. Gilberto Estrella.
La adopción de leyes y reglamentos de primer mundo, como es el caso de las leyes vigentes en Tamaulipas en materia de cuidado del medio ambiente, vuelven muy complicado su cumplimiento para los empresarios que explotan bancos de materiales, y a la vez le proporcionan muchos elementos a los malos funcionarios para lucrar con la inobservancia o cumplimiento parcial de la norma, a cambio de un estímulo (vulgo «moche») para interpretar a conveniencia las leyes, códigos y reglamentos, o simplemente para ignorarlos.
De ese tiempo en el que los funcionarios panistas tenían prisa por poner orden, de esa época en la que se clausuraban negocios que no tenían sus «papeles» en regla, de esa temporada de simulaciones, previa y necesaria a la aplicación del impuesto vacuno, les voy a compartir detalles de uno de estos casos.
La información se obtuvo del dictamen técnico para acuerdo, de numero 020/004/031/2018 y fecha 23 de abril de 2018, recibido en la Subsecretaria del Medio Ambiente de la SEDUMA, el 14 de mayo del 2018, derivado de la visita de supervisión al banco de material de piedra caliza ubicado en las inmediaciones de la Sierra del Abra a 1200 metros al sur del Ejido Constitución de 1917, en el kilómetro 74 
300 de la Carretera Federal México Laredo, tramo Antigüo Morelos – Ciudad Mante, en las coordenadas de referencia UTM: X 496022.362 Y 2498961.466.
La empresa GMC S. A de C. V. es la persona moral que explota el citado banco de materiales. Cuenta con 20 empleados y su representante legal es el contador Público Raul Javier Morales Cano y el Biólogo Víctor Roberto Carranza Zaleta «es responsable solidario y subsidiario de realizar las condicionantes, las medidas de prevención, las medidas de mitigación y las medidas de compensación de aquellos impactos ambientales atribuibles al desarrollo del proyecto, que no hayan sido consideradas en la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad General presentada.»
En el acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2018, celebrado entre las partes involucradas, para la reanudación de las operaciones de la mina de piedra caliza, se establece que por la empresa comparece, como representante, el Ingeniero Alejandro Sámano Hinojosa, en su carácter de Director Adjunto de la Empresa GMC S.A de C. V y dotado con poderes generales para pleitos y cobranzas otorgado por el ingeniero Alberto Berlanga Bolado, en su carácter de administrador único de la citada compañía. El administrador único, y tal vez propietario o socio mayoritario, se desempeñó como Secretario de Obras Públicas en el gobierno de Eugenio Hernández Flores, por lo que resulta lógico suponer que el incumplimiento de la ley y la total anarquía en la que funcionaba la empresa que administra, es atribuible al abuso de poder, y no al desconocimiento de la normatividad ambiental.
En el extenso documento (dictamen) de 38 hojas en el que se reseñan las múltiples violaciones a diversas normas jurídicas, leyes, reglamentos, códigos y normas oficiales, encontramos múltiples omisiones, fallas e incumplimientos en el funcionamiento de la mina. Menciono a continuación algunos:
No se mostró el programa de supervisión y vigilancia ambiental, en el cual se designe un responsable con capacidad técnica. No se exhibe autorización obtenida por la SEMARN