Opinión pública
La “mano negra” que mece la cuna
Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Parece raro pero el bloqueo de carreteras en
demanda de precios de garantía (y otros beneficios) para el sorgo, solo se da en
Tamaulipas. El objetivo es presionar al gobierno federal a que abra la cartera.
Nada casual en estas situaciones. Siempre hay una mano negra que mece la
cuna y más cuando estamos por entrar de lleno en un proceso electoral.
En los mejores tiempos del priísmo se dijo que, a través de la CNC, “el
campesino solo fue educado para votar”. El “voto verde” le decían, el mas fiel y
copioso que, a la caída del tricolor, los grupos políticos predominantes se
disputan.
Extraño pero es la primera vez que los líderes cenecistas apoyan un
movimiento de este tipo. Actúan como si lo sintieran en su corazón. Nadie les
cree.
Presionan fuerte pero pudieran estar equivocados. En una de sus
intervenciones dentro de las mañaneras, el Presidente López dijo que “con
chantajes ningún grupo obtendrá dinero”.
En noviembre del 2019 grupos diversos mantenían tomada la sede del Poder
Legislativo exigiendo más lana para el campo. Lo querían en “paquete”.
“Los líderes buscan moche”, afirmó AMLO e hizo ver que los pesos llegarán
directamente a los productores y no por intermediarios. La mayor parte del
dinero se quedaba en “rasuradas” de mano en mano.
La corrupción en el campo no es leyenda. Los subsidios ancestrales solo
enriquecieron a unos cuantos, por lo general a líderes o vivales que aterrizaban
para sí programas oficiales: Tierras nunca sembradas pero sí pagadas, vacas
que no se compraron y cosechas nunca levantadas.
Tratándose del campo siempre habrá una mano negra. Si no es evidente
habrá qué buscarla en los sótanos de los arreglos políticos.
La amenaza de bloques carreteros persiste, en apariencia bajo la conducción
de la CNC, pero lo único que generan son incomodidades y pérdidas
económicas para automovilistas y transportistas de carga y pasajeros.
“Hacen” afuera del hoyo. Así no le “bajarán” lana a Don Peje.
En la zona sur, Altamira, el dirigente es Toribio Cruz González, del ejido
Cervantes, denunciado desde 2017 por presuntamente defraudar a compañeros.
Pedía hasta 12 mil pesos por jefe de familia que para aterrizar programas del
Conavi que nunca llegaron.
Se ostenta como comisariado. Quien sabe si lo sea.
Necesario analizar también quién es Aurelio Hernández Jiménez, de El
Mante, en apariencia el dirigente de Campesinos Independientes de la Zona Sur,
ahí donde impone criterios Florentino Sáenz Cobos, diputado y ex de la Liga de
Comunidades Agrarias.
En San Fernando habrá que checar a Rogelio Ortiz Moreno, del grupo
Campesinos Unidos. Es mucha coincidencia bloquear simultáneamente con los
mismos criterios.
Como gran gurú aparece Raúl García Vallejo, en malos pasos desde que fue
delegado de la Procuraduría Agraria sin poseer un título universitario como lo
exige la reglamentación.
Tiene por ahí cuentas pendientes con la Función Pública. Otorgó fuera de la
Ley 27 contratos por 2.5 millones de pesillos principalmente por servicios de
limpieza, vigilancia y mantenimiento de vehículos. El asunto está en trámite.
Las propiedades y ranchitos de Raulillo es otro tema.
Son los grandes productores y empresarios industriales y comerciantes que
presionan para ser incluidos en precios de garantía y programas oficiales, aparte
de otros reclamos que hacen como la condonación de pagos a la financiera.
En la época prianista, agrupados en figuras sociales para pagar menos
impuestos (o no pagar), se llevaban la parte del león. Ahora hay un límite en
toneladas y hectáreas.
Los más ricos de Tamaulipas alcanzaban los subsidios agrícolas y
ganaderos (sale sobrando mencionar los nombres una vez más). Con Obrador
los tiempos cambiaron. El dinero público va para los que menos tienen como lo
ordena la lógica social.
El movimiento no parece preocupar a la autoridad federal a la que va
destinado. Son los usuarios de carreteras los que sufren las consecuencias. Los
protestantes no están generando simpatías.
Sin abandonar al Presidente, mire que se le fueron a la yugular los
consejeros del INE en cuanto dijo que será vigilante “guardián”, para que se
respete la voluntad ciudadana en los comicios del año venidero.
Jaime Rivera –que cobra y muy bien como Consejero-, dijo que “no es
facultad del Presidente intervenir en las elecciones. Es más, ni siquiera debe
opinar públicamente sobre las elecciones”.
Ciro Murayama comentó que “sería una involución pretender que el
Presidente sea quien diga cómo van a ser las elecciones. Es una idea que sale
del marco Constitucional”.
Por cierto, según la empresa Consulta Mitofsky, AMLO va en caída en su
aprobación por parte del respetable: En abril del 2019 tenía el 64.5 por ciento;
62.8 en junio del mismo año. Hace 15 días lo aprobaba el 49.3 por ciento; una
semana atrás el 47.2 y el lunes último el 46.1 por ciento. Son 15 días constantes
en que va a la baja.
De todas maneras, a un año y medio de ejercicio es el Presidente con más
alta aprobación en la historia reciente. Es algo que no se le puede negar.
Antes de cerrar estos comentarios, decir que este miércoles los diputados al
Congreso Local realizaron su penúltima sesión del segundo periodo de ejercicio.
A partir del 30 de junio se van de vacaciones por tres meses a donde menos los
conocen: Sus distritos.