Opinión pública
Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Varios actores políticos de Tamaulipas están en
la lista de investigaciones del INE por presunto delito electoral. Se
aprovecharon de la contingencia por el Covid-19 para hacerse propaganda.
Muy extraño que no están todos los presuntos, si se trata de Juicios
Sancionadores iniciados de oficio por la autoridad electoral en su monitoreo
constante de medios y redes ¿y los otros apá? Pudieran tener “padrinos”
fuertes.
El INE los trae cerca por “repartición de artículos durante la contingencia
sanitaria”, lo cual podría resultar en que violaron el artículo 134 Constitucional.
Al tampiqueño Jesús “El Arabe” Nader Nasrallah. De acuerdo con el expediente UT/SCG/CA/CG/37/2020 de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en el mismo “paquete” van los diputados
locales Félix García Aguiar, Javier Garza Faz y Miguel Gómez Orta, respectivamente de Nuevo Laredo, Reynosa y Altamira.
Es que se “soltaron el pelo” hace algunos días, llevando “beneficios” a
colonos, hasta que el órgano electoral intervino con fecha uno de junio.
Andaban como Santa Claus por barrios y colonias.
Hay otro expediente, este relacionado con los diputados federales. Van en
la “polla” los tamaulipecos Erasmo González Robledo y Salvador Rosas
Quintanilla, de Madero y Nuevo Laredo, respectivamente. El primero es cabeza
de la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.
Hicieron lo mismo: Promociones personalizadas con despensas y otros
donativos a sectores populares.
Junto aparecen otros senadores como Margarita Valdez, Mauricio Kuri
González, Raúl Paz Alonso y Sylvana Beltrones Sánchez (la hija de Don
Beltrone), cuyos acuerdos para enjuiciamiento se dictaron el 27 y 29 de mayo.
Total que la Unidad Técnica de lo Contencioso tiene bastante chamba por
estas fechas, con eso de acciones que los políticos realizan aprovechando la
contingencia generada por la pandemia.
Hay uno que llama la atención. Es en contra de Dante Delgado Rannauro,
jefe nacional del Partido Movimiento Ciudadano, por calumnia y uso indebido
de recursos públicos derivado de la colocación de espectaculares en Zapopan
y Guadalajara, en Jalisco, “donde se advierte un lobo y caperucita roja
pidiéndole al Presidente dejarse de cuentos”
Es que a nombre y en razón del Covid-19 se han cometido tantas
barbaridades, no solo en Tamaulipas sino en cada rincón de la Patria por parte
de nuestros “grillos”. Quieren quedar bien con el respetable.
En lo doméstico tenemos que los presidentes municipales quieren ser
diputados o por lo menos asegurar la reelección, en tanto que los legisladores
pugnan por los ayuntamientos. Por eso llevan ilegalmente “beneficios” con
carácter personalizado y no institucional.
Para cerrar este tema, hay que decir que, en delito electoral ya no cabe la
libertad bajo fianza.
Si el INE encuentra responsabilidad y turna al Congreso local que decida
las sanciones en contra de alcaldes y diputados, pues no habrá mayores
consecuencias. Estamos hablando de los “mesmos”.
Pasará lo propio si el expediente de los funcionarios federales se manda al
Senado y Cámara de Diputados, donde hay mayoría morenista.
El Instituto necesita tener uñas y dientes para aplicar directamente los
castigos.
La experiencia local nos dice que el Instituto, con fecha 18 de diciembre del
2014, le dio vista al Congreso y a la Contraloría del Estado para que
“castigaran” al Gobernador Egidio Torre Cantú y a su jefe de prensa, Guillermo
Martínez García, por violentar el mismo 134 Constitucional por emitir
propaganda en tiempos de campaña. El quejoso era el PAN.
Los jefes del Congreso y la Contraloría se hicieron “guajes” y no
molestaron ni con un coscorrón a Egidio y Guillermo.
Hablando de otras cosas, por aquello del no te entumas, el Periódico Oficial
del Estado publicó de inmediato (inusual edición en sábado) las reformas en
materia de delito electoral cometidos en contra de las mujeres en razón de
género, para que entren en vigor en el proceso electoral que viene.
Era el último día para hacerlo, tomando en cuenta que el IETAM puede
efectuar su primera sesión plenaria el 14 o 15 de septiembre.
Un día antes, en edición vespertina, el mismo POE difundió el acuerdo del
Gobernador por el cual se extiende hasta el 30 de junio la “licencia laboral” de
los servidores públicos, con motivo del coronavirus.
Es decir, no hay cambios hasta el último del mes. Las cosas seguirán con
las mismas restricciones. Solo trabajará el personal indispensable sin que sean
mayores de 60 años, discapacitados o embarazadas.
Hay problema con el virus. En lugar de menguar, los positivos siguen a la
alza. El propio viernes se confirmaron 154 casos, la cifra más alta en 24 horas
desde que comenzó la pandemia.
Si le echamos números, cada hora registramos en Tamaulipas 2.2
contagiados.
Hay riesgo de que el semáforo de alerta, en lugar de avanzar, se nos
regrese. La gente ya no tiene recursos para seguir el encierro domiciliario. Los
apoyos oficiales no llegan.