Investigación Especial
Lic. Alberto González Káram
• 71.18 por ciento de los municipios con capacidad financiera menor del 20 por ciento de sus ingresos propios que les impide cubrir sus sueldos, salarios y prestaciones en 2020
• En 2 mil 454 municipios se tienen que actualizar sus manuales y reglamentos que les permitan cumplir con las atribuciones establecidas en el Artículo 115 Constitucional
La mayoría de los municipios de México carecen de capacidades institucionales que les permitan ejercer sus atribuciones y facultades como orden de gobierno ni mucho menos para atender las crecientes necesidades y demandas de sus ciudadanos.
Los municipios se enfrentan a bajos niveles de recaudación por conceptos de ingresos propios frente a los crecientes gastos públicos innecesarios, suntuarios y nula inversión productiva, resultando una alta dependencia de los recursos federales en los últimos 36 años durante las administraciones de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Las facultades tributarias que cuentan los municipios del país han sido desaprovechadas y pierden sus capacidades en cada cambio de las administraciones, debido a la elevada sustitución de personal, reinvención de las formas de trabajo, incorporación de personal sin experiencia y carencia de programas sociales e inversiones productivas que provocan esfuerzos reducidos y desarticulados.
Los titulares de las unidades administrativas en los gobiernos municipales se concentran porcentualmente en el promedio nacional en 55.2 con menos de 3 años, 29.1 de 3 a 5 años, 1.8 por ciento de 11 a 15 años, 2.2 con más de 15 años y 4.3 no especificado.
La amenaza latente provocada por la Pandemia del Coronavirus acentuó las debilidades municipales y obligan al fortalecimiento de su desarrollo social y apoyar sus actividades económicas en forma integral, mediante el aprovechamiento de las oportunidades para incrementar sus capacidades técnicas, administrativas, financieras y organizativas, así como actualizar su marco jurídico para desempeñar con calidad, eficiencia, eficacia y economía sus facultades y responsabilidades en beneficio de la mayoría de sus ciudadanos.
Es urgente adecuar los gobiernos municipales a una nueva visión del futuro orientada a consolidación de la descentralización, transparencia, y rendición de cuenta, mediante la adaptación de los procedimientos administrativos, capacitación de los servidores públicos, adopción de indicadores de gestión y desempeño, consolidación de su sistema de planeación y ampliar la recaudación de ingresos propios como crear activos productivos.
En los 2 mil 454 municipios del país se tienen que actualizar sus manuales y reglamentos que les permitan cumplir con las atribuciones establecidas en el Artículo 115 Constitucional y la normatividad vigente, así como adecuar sus estructuras administrativas para incrementar y mejorar la calidad de vida y bienestar social de la mayoría de sus ciudadanos.
Los municipios que tendrán acceso a una mayor cantidad de recursos presupuestales y responsabilidades serán aquellos que mejoren sus capacidades, habilidades y estructuras para aprovechar sus potencialidades sociales y económicas.
En la mitad de los municipios entre el 40 al 60 por de sus ingresos se destinan al pago de sueldos, salarios, prestaciones, adquisiciones de bienes y servicios que representan un alto costo de operación e impide cubrir el mantenimiento y conservación de su infraestructura y prestación de servicios públicos, así como atender las demandas sociales de la ciudadanía.
El 71.18 por ciento de los municipios del país tienen una capacidad financiera menor del 20 por ciento de sus ingresos propios que les impide cubrir sus sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos municipales en 2020.
Las dos limitantes anteriores que consisten en el alto costo de operación y la incapacidad financiera de poder solventar el gasto corriente con ingresos propios reflejan la existencia de una robusta y obesa burocracia municipal que integra sus estructuras administrativas.
La plantilla del personal administrativo en los municipios debe corresponder a sus características sociales y económicas, debido que el número de servidores públicos municipales por cada mil habitantes como unidad de medida comparativa resulta de un promedio de 7.7, mientras que el máximo se encuentra en los municipios de Yucatán con 17.1 y el mínimo de 3.2 en Tlaxcala.
El número de servidores públicos se tiene que analizar en función de su formación profesional para conocer los requerimientos de habilidades, conocimientos y destrezas para gestionar los problemas públicos que enfrentan cotidianamente con la ciudadanía.
Los datos oficiales del último grado escolar de los titulares de las unidades administrativas de los municipios se concentran porcentualmente en el nivel de Licenciatura 48.0, Preparatoria 14.5, Secundaria 13.2, Preescolar y Primaria 9.0, Carrera Técnica o Comercial 5.4, No Especificado 5.2, Maestría 3.6, Ninguno 0.6 y 0.5 Doctorado, siendo los resultados del promedio nacional en quienes recae liderar cada una de las políticas públicas, proyectos y acciones en general con la responsabilidad de administrar correctamente los escasos recursos disponibles, ocupando el grado máximo el estado de Sinaloa y mínimo en Oaxaca.
Las necesidades de capacitación municipal en los programas o acciones se distribuyen porcentualmente en el siguiente promedio nacional: Servicios públicos 6.6, Tesorería o finanzas 6.5, Desarrollo Social 5.7, Obras Públicas 5.3, Oficina del Presidente Municipal o Jefe Delegacional 5.2, Desarrollo Económico 5.0, Secretaría de Ayuntamiento 4.9, Oficialía mayor o administración 4.5, Gobierno 4.3, Contraloría Interna 4.3, Desarrollo integral de la Familia (DIF) 4.2, Desarrollo Urbano 2.9, Protección Civil 2.9, Equidad de Género y/o Derechos de las Mujeres 2.7, Asuntos Jurídicos y/o Consejería Jurídica 2.7, Educación 2.7, Medio Ambiente y Ecología 2.5, Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado 2.4, Planeación y Evaluación 2.1, Salud 2.1, Participación Ciudadana 1.8, Transparencia 1.7, Informática o Tecnologías de Información y Comunicación 1.0, Mejora de la Gestión Gubernamental 0.9 y 0.2 Trabajo.
La capacidad legal se deberá orientar a la actualización, elaboración, publicación y difusión de los reglamentos que establecen las reglas respecto al funcionamiento del municipio, así como los manuales de organización y procedimiento en todas las unidades administrativa.
En la capacidad de organización se requiere el diseño y articulación de todas unidades administrativas que integran la administración pública municipal, sin duplicidades y manteniendo una comunicación eficiente en la operación e instrumentación de las políticas públicas municipales.
La capacidad administrativa deberá definir competencias, responsabilidades, funciones y presupuestos articulados en objetivos y metas que hay que lograr, así como los perfiles por cada una de las plazas que integran el servicio público municipal y un esquema de constante capacitación.
En la capacidad financiera se requiere que el gobierno municipal ejerza sus facultades y atribuciones establecidas en la normatividad fiscal para incrementar el monto de ingresos propios y la consolidación de su sistema de planeación municipal que logre un balance proporcional entre diagnósticos, estrategias, objetivos, metas y presupuesto.
La capacidad de gobernanza consiste en identificar las habilidades del municipio para responder a demandas sociales, incluyendo la participación ciudadana en la formulación, implementación y evaluación de decisiones, así como fortaleciendo sus vínculos de coordinación, cooperación, apoyo mutuo e intercambio de acciones con otros municipios y organizaciones públicas, privadas o sociales.
Las capacidades institucionales son las características y atributos legales, organizacionales, administrativos, financieros y de gobernanza que le permiten a la administración pública municipal definir y alcanzar los objetivos de su agenda de gobierno con una nueva visión del futuro.