Por: Anwar Vivián
Ciudad de México. El derecho de todo trabajador es tener una seguridad social digna, con hospitales equipados y en condiciones de poder atender a su derechohabiencia y por supuesto contar con los medicamentos que se requieren para cada padecimiento.
Es por eso, que la diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, Nohemí Alemán Hernández ha propuesto ante el pleno que se consideren, la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Es entonces, que la seguridad social es un derecho encaminado a garantizar la protección de la clase trabajadora, de sus familias y de la comunidad misma comprende una amplia gama de servicios esenciales para preservar y mejorar la condición humana (asistenciales, clínicos, económicos, sociales, culturales, etc.).
Ante esto y en el caso en particular de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la legisladora panista ha llevado la preocupación de los derechohabientes a que se reanuden los trabajos de remodelación que debieron a ver sido concluidos a finales del 2017.
En las áreas de ginecología y pediatría se tiene más de dos años y medio que están en remodelación, así como el segundo piso, a lo que se ha habilitado urgencias para poder brindar el servicio; de esta obra a la fecha solo se tiene un avance del 60%, a lo que ha externado que estas obras deben de quedar concluidas lo más pronto posible.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dado la instrucción que todas las instituciones médicas que están en remodelación concluyan lo más pronto posible, siendo en Tamaulipas varios que requieren se finalicen las obras de inmediato.
“En Acción Nacional exigimos el fortalecimiento de la infraestructura para la salud de los habitantes del municipio de Reynosa, Tamaulipas, para dar a todos los tamaulipecos la garantía de recibir atención médica acorde a sus necesidades. Un gobierno incapaz de hacer valer derechos mínimos de acceso a la salud a sus ciudadanos, no sólo queda por debajo de sus obligaciones constitucionales y de las expectativas de la población, tampoco genera las condiciones para que otros esfuerzos rindan frutos y se pueda mejorar la productividad y, por tanto, el ingreso de los individuos”, externó.