Con esto se busca garantizar que las nuevas generaciones tendrán agua limpia.
Ciudad de México.- El Diputado Federal de Movimiento Ciudadano, Mario Ramos Tamez, dio a conocer ante el pleno de la Cámara de Diputados, un dictamen aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, donde se pretende incrementar un 30 por ciento las multas y castigar hasta con 9 años de cárcel a quien contamine los ríos y arroyos con aguas negras.
«Nosotros tenemos el privilegio, en este recinto, de contar con agua suficiente cada que nos da sed, pero muchos ciudadanos allá afuera no tienen suficiente agua limpia para tomar o para realizar sus actividades básicas».
Dijo que la crisis el agua es real y no se está haciendo lo suficiente para atender este problema.
«En Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, mi estado, muchas personas no tienen agua o la tienen en permanente racionamiento porque las administraciones anteriores, han dado prioridad a remozar banquetas, que a mejorar la red de Agua Potable, lo cual transgrede el derecho humano al agua potable y saneamiento, reconocido en el año 2010, por la Asamblea General de las Naciones Unidas», señaló.
Afirmó que esto también viola la Constitución Mexicana, en febrero del 2012 se adiciono un sexto párrafo al artículo 4 para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con ello, se estableció la obligación del estado de garantizar a todos los mexicanos su acceso de forma accesible, suficiente, salubre, aceptable y asequible.
«Pero eso no está pasando, no estamos garantizando algo tan básico y tan indispensable como el agua. Mi ciudad es solo un ejemplo, porque la realidad nacional es que tan solo el 68% de la población recibe agua diariamente, el 25% accede a ella cada tercer día, dos veces por semana o de vez en cuando, mientras que el 7% no la recibe o la consigue acarreándola de otra vivienda, de una llave pública, de pozos, ríos, arroyos, lagos, lagunas o pipas», indicó.
Ramos Tamez, destacó que el dictamen aprobado en la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable, pretende dos cosas:
La primera es garantizar que las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores de agua, estén obligadas a adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales biodegradables.
La segunda, es incrementar en un 30 por ciento las sanciones contempladas en el artículo 120 de la Ley Nacional de Aguas y actualizarlas a la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con la reforma en materia de desindexación del salario mínimo.
Lo anterior con la finalidad de evitar conductas que ocasionen un daño o contaminación a nuestros recursos hídricos.
«Se busca que se acabe la grosera impunidad con la que se contaminan nuestros acuíferos porque si no detenemos este desastre las nuevas generaciones no van a tener agua».
Señaló que la semana pasada el Congreso estatal de Jalisco, a propuesta de diputados de nuestra bancada, aprobó una iniciativa que reforma diversos ordenamientos, y que tiene como objeto elevar la multa hasta 50 mil UMAS y con hasta 1 a 9 años de prisión a quien contamine los cuerpos de agua estatales.