Por: ANWAR VIVIAN PERALTA
El Diputado Federal Mario Ramos Tamez, señala que se debe frenar el gasto excesivo del Presidente de la República, que no esté autorizado por la Cámara de Diputados.
Ciudad de México.- El Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), propuso reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer que toda adecuación presupuestaria de cualquier dependencia o entidad, que represente el 10 por ciento de su presupuesto asignado, deberá contar con la autorización de la Cámara de Diputados.
Fue el Diputado Federal Mario Ramos Tamez, quien en tribuna hizo la presentación de esta propuesta, luego de que durante los primeros cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto, se gastaron 1.5 billones de pesos adicionales a lo autorizado.
«Tan solo en la partida de comunicación social del ejecutivo, en 2017 se ejerció 457 por ciento más de lo aprobado, la tasa más alta de la presente administración», señaló.
Actualmente al presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo le realiza ampliaciones y reducciones, denominadas «Adecuaciones Presupuestarias», las cuales no se encuentran contempladas en el ciclo presupuestario, pero resultan tan importantes que podríamos estar hablando de un presupuesto paralelo o suplementario.
«Como se encuentra actualmente el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se otorga a las Dependencias y Entidades y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la posibilidad de realizar y autorizar ampliaciones y adecuaciones presupuestarias sin restricciones, evitando con ello el debido y democrático contrapeso y control legislativo que la Constitución le confiere a la Cámara de Diputados», señaló.
Dijo que en los últimos ejercicios fiscales, las ampliaciones presupuestarias se destinan principalmente a Ramos Generales, en donde no se cuenta con normas operativas suficientemente establecidas para el manejo de los fondos que administran, la responsabilidad hacendaria es difusa, por lo que no hay transparencia.
«Además, el gobierno federal no transparenta a que programas y proyectos se les asigna los excedentes que se obtienen y con qué criterios los eligen, tan es así, que la Auditoria Superior de la Federación, ha concluido que no es posible determinar el 71 por ciento de los ingresos excedentes».
Datos de la Cuenta Pública 2017, permiten observar una variación del 11 por ciento de lo que se le aprobó en dicho ejercicio fiscal al Poder Ejecutivo y el gasto real realizado por la dependencia.
«Actualmente existen dependencias que también realizaron gastos superiores a lo aprobado en su comunicación social, como la Secretaria de Turismo con 13,696 por ciento, SEDATU con 11,375 por ciento, SEDESOL con 2,889 por ciento, SEMARNAT con 1,110 por ciento y la SEP con 1,049 por ciento, situación que no solo revela una mala planeación de su presupuesto, sino un manejo discrecional de los recursos públicos».
En este sentido, los diputados ciudadanos, proponemos reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer que toda adecuación presupuestaria de cualquier dependencia o entidad, que represente el 10 por ciento de su presupuesto asignado a cualquier concepto de clasificación del gasto.
«Además deberá de contar con una justificación técnica, que permita contar con indicadores que precisen, midan y comparen los beneficios y las metas obtenidas. Así como la autorización de la Cámara de Diputados, previa opinión técnica del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía».