¿Cumplirán?
-Fiscalía frena especulación
-Insisten en una utopía gremial
-Toman protesta y no cumplen
DE acuerdo a las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el estado de Veracruz, el asesinato del reportero GUMARO PEREZ AGUINALDO no tiene su origen en el ejercicio de la actividad periodística.
La fiscalía estatal, con base en las primeras indagatorias, relaciona al comunicador, que laboraba en el portal “La Voz del Sur”, con un grupo delincuencial que opera en el municipio de Acayucan, ubicado en la región sur de esa entidad federativa.
La impunidad del comando ejecutor quedó de manifiesto al introducirse a una escuela primaria en donde el trabajador de la información participaba con su pequeño hijo en un evento navideño, frente a quien fue ultimado de quince disparos con armas de grueso calibre.
Con el homicidio de PEREZ AGUILANDO, suman tres los asesinatos de periodistas durante la administración del mandatario estatal MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES. Meses atrás, también fueron ultimados a balazos CANDIDO RIOS y RICARDO MONLUI.
Cabe señalar que RIOS fue acribillado por un grupo de hombres armados frente a una tienda conveniencia en un municipio veracruzano que llevaban la encomienda de liquidar a un jefe de plaza rival, quien se hacía acompañar del reportero policiaco.
En cuanto se difundió la trágica muerte de GUMARO PEREZ, una organización autodenominada “gremio periodístico organizado de México” inmediatamente asoció el hecho-sin fundamento alguno-con un nuevo atentado a las libertades de prensa y expresión. No obstante, las investigaciones de la procuraduría de justicia veracruzana señalan otros causales que nada tienen que ver con las citadas garantías constitucionales.
Obviamente, es positivo que grupos gremiales se manifiesten y exijan freno a la impunidad y esclarecimiento de todos los asesinatos de periodistas. Sin embargo, resulta un acto irresponsable y falto de ética profesional afirmar que todos los crímenes de comunicadores son atentados a las garantías primarias, cuando en muchos de los casos las ejecuciones tienen otros orígenes.
Del mismo modo es una utopía creer que con la federalización de los delitos en contra de periodistas terminarán “ipso facto” los atentados. Tan sencillo que es analizar cómo el estado mexicano es incapaz de evitar y esclarecer la muerte de funcionarios públicos, autoridades municipales, estatales y federales, candidatos, activistas políticos, policías federales y militares de alto rango.
Evidentemente, no es con decretos como se debe enfrentar ese monstruo de mil cabezas. Por un lado, el estado mexicano debe asumir su responsabilidad y atacar de frente la corrupción e impunidad y, por el otro, los periodistas no deben combinar el ejercicio periodístico con actividades que conlleven riesgos colaterales.
DESDE EL BALCON:
Recientemente, con la toma de protesta de cuatro nuevos integrantes, quedó debidamente constituido el Consejo Consultivo Ciudadano del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y ya fungen como tales los once integrantes de ese cuerpo colegiado.
Actualmente, la Maestra BLANCA LILIA IBARRA CADENA es la Directora General de ese medio de comunicación del poder Legislativo.
El Consejo Ciudadano tiene la responsabilidad de coadyuvar al cumplimiento de los de los objetivos y principios del Canal; asegurar la independencia editorial; y fungir como órgano de consulta hacia los sectores público, social y privado.
Es de esperarse que los nuevos consejeros cumplan a cabalidad su encomienda y no tomen el acto solemne de Toma de Protesta como parte de un simple protocolo y “momento para la foto”, o bien para satisfacer egolatrías y personalidad narcisista.
Sobran los casos en que miembros de distintas organizaciones y grupos se comprometen a cumplir y hacer cumplir estatutos y reglamentos, pero pronto, muy pronto, se olvidan de su compromiso y faltan a su palabra de “sí, protesto”.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.