Libre Albedrío

Producto de una reacción en cadena, generada por una exigencia ciudadana, la Auditoria Superior del Estado, está girando citatorios a los responsables de gobiernos municipales anteriores, para que sustenten los gastos que se encuentran navegando en el océano de la opacidad y con serios vestigios de desvíos multimillonarios.

Porque ahora, a la larga lista expuestas de “cuentas mochas”, de los gobiernos que presidieron Juan Andrés Díaz Cruz en Tula, de 20 en el Ayuntamiento y de 8.8 millones en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarilla que tienen a un paso de la cárcel.

También conviene mencionar que en esa misma situación se encuentran los exalcaldes de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez porque en las cuentan públicas 2014 y 2015, no se han aclarado el destino de mil 371 millones de pesos y en esa misma situación se encuentra el exalcalde de Nuevo Laredo, en donde no se ha sustentado el gasto de 900 millones de pesos.

A cada uno de los expresidentes municipales condicionados, se les dio un ultimátum para solventar ese mundo de dinero público que no saben cómo ni en que se gastó, aunque se sospecha su destino, ya que los dos ex alcaldes, buscaron afanosamente la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas, que al final quedó en manos del actual Jefe del Ejecutivo Estatal, Francisco García Cabeza de Vaca.

Muchos líderes de opinión y sociales, subrayan que no basta que a Lety Salazar Vázquez y a Carlos Canturosas Villarreal, en que en caso de que no compruebe cada uno fehacientemente el uso que le dieron a ese dinero que está volando, reintegren la cantidad quebrantada, sino que deben de ir a la cárcel, porque desviar recursos públicos, debe ser considerado un delito grave.

Solo con la aplicación firme de la ley, se empezará a difuminar el negro panorama de la impunidad, porque si siguen por el mismo camino aquellos que tienen a cargo la impartición de justicia, torciéndola a favor de quienes la infringieron, se convierten en ejemplo para que otros personajes sigan llenándose los bolsillos con dinero que nos les corresponda, con lo cual se alienta un grave círculo vicioso llamado impunidad.

Este es el momento de que basado en hechos y realidades, el gobierno de Los Vientos de Cambio, muestre su voluntad política, consignando ante las autoridades correspondientes a ex gobernantes de un solo partido político, como es el caso de Juan Andrés Díaz, ex presidente municipal de Tula y del ex Jefe del Ejecutivo Estatal, Eugenio Hernández Flores, de extracción priista.

Este es el momento de que la Auditoría Superior del Estado, continúe afilando la guadaña para que también toque aunque hayan emergido de su partido Acción Nacional, a personajes como la exalcaldesa de Matamoros y al ex presidente municipal de Nuevo Laredo, la oportunidad para darle equilibrio al asunto, lo tienen en sus manos y con ello, darían la certeza de que la decisión de erradicar la impunidad, va en serio.

Por lo pronto, la ASE ya dio a conocer que también ya fue citado el ex presidente municipal de Tampico, Gustavo Torres Salinas, para que aclare el embrollo financiero en que dejó las finanzas públicas del puerto Jaibo, lo mismo que al ex gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, que no ha comprobado mil millones de pesos.

Dice un viejo refrán que “chango viejo no aprende maromas nuevas” y le cae como anillo al dedo al Partido Revolucionario Institucional PRI, que decidió que los Consejos Políticos Estatales de las 32 entidades federativas ratificaron que el método será de Convención de Delegados para elegir a las candidatas y candidatos a Diputados Federales y Senadores de la Republica por mayoría relativa, así como para la Presidencia de México.

Esto simple y llanamente, quiere decir que el PRI decidirá por el clásico “dedazo” de funestas consecuencias para México, ha encumbrado a personajes que tan solo por tener padrinos en la cúpula, son metidos a chaleco a las candidaturas del PRI, en los diversos puestos políticos que estarán en juego el próximo año.

Aunque a manera de descargo, los consejos políticos de los estados, se comprometieron a respetar que el 50 por ciento, las candidatas, serán mujeres, así como que los jóvenes estarán en una de las tres candidaturas que se disputen.

Otro punto es que se aprobaron y ratificaron los cuatro reglamentos necesarios para regular estos procesos electivos y para que el CEN del PRI pueda emitir las convocatorias correspondientes: del Consejo Político Nacional, del Interior de la Comisión Política Permanente; de la Comisión Nacional de Procesos Internos y, el necesario para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas.

Con las reglas que estableció esta Convención Nacional, no vemos por donde el PRI va a encontrar a los candidatos y candidatas con la fuerza, el talento y el prestigio para ganar las elecciones, si de antemano, se sabe que serán elegidos por decisiones cupulares, solamente avaladas por los Consejos Nacional, Estatales o municipales.

En otras palabras, veremos que influirán en la selección de las nominaciones, los mismos vicios y las mismas marrullerías de siempre y solo serán elegidos quienes ya previamente hayan sido palomeados desde “arriba” y los sueños de los priistas de vocación, que le apostaban a que las bases elegirían a los nuevos estandartes políticos-electorales, tendrán que esperar que vengan otros tiempos.

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