POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA
Ciudad de México.- El Diputado Federal Gustavo Cardenas Gutiérrez, emitió un exhorto a través de la Camara de Diputados, para que la Procuraduría General de la República (PGR), investigue a organizaciones como la Unión Campesina Democrática (UCD) y la ONAPPAFA, por la venta de placas a vehículos de procedencia extranjera.
También exige a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), para que genere mecanismos accesibles para la regularización de los vehículos americanos, que se encuentran actualmente en el padrón de éstas.
«Tan solo en Tamaulipas se estima que circulan más de 80 mil unidades de procedencia extranjera, mientras que en el país la cifra alcanza los 4.5 millones de vehículos, por lo que se ha convertido en un gran negocio para estas organizaciones», señaló.
Dijo que el punto de acuerdo señala que actualmente los altos aranceles, y los largos trámites son factores por los que año con año se ha reducido el número de automóviles importados, sin embargo, el ingreso de autos ilegales continúa».
«La emisión de placas y calcomanías por parte de las organizaciones como la UCD y la ONAPPAFA, han convertido esta actividad en un gran negocio, las cuales por un cobro que oscila entre los 3 mil pesos, supuestamente protegen de un decomiso y permiten la circulación a vehículos de procedencia extranjera».
Cardenas Gutiérrez, señala que la afiliación del auto solo garantiza una identificación para la unidad pero no la legalidad.
«A pesar de que miembros de las organizaciones afirman que tienen convenios con las autoridades para que las unidades puedan circular libremente, el gobierno federal se ha deslindado de esto».
Afirma que la SHCP a través del SAT informa que cualquier programa que realicen las entidades federativas, con el propósito de empadronar o emplacar vehículos que ingresaron al país de manera ilegal contravienen los acuerdos y normas establecidas.
El Diputado Federal Cárdenas Gutiérrez menciona que las autoridades locales solapan a la UCD y la ONAPPAFA, al no imputar las sanciones correspondientes.
Por estas razones, el diputado hace un llamado para que se investigue dicha usurpación de funciones, y que a la vez, se desarrollen mecanismos para que las unidades afiliadas puedan adquirir el carácter de legal mediante procedimientos correctos.