-A la 4T solo le interesa el control político y no castigo a saqueadores

-Con el amague de la FGR y la UIF pretende que crezca la ola guinda

-Gobernadores de la Alianza Federalista tuvieron que

“cuadrarse”

A MITAD del actual sexenio es más que evidente que el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR realmente no pretende encarcelar a ningún ex funcionario del pasado por actos de corrupción, pero si aprovecha denuncias y carpetas de investigación para eliminar obstáculos políticos.

A pesar de tanta alharaca y anuncios con bombo y platillo en temas relacionados con el programa anticorrupción, al igual que en el neoliberalismo, utiliza el aparato de procuración de justicia con fines meramente partidistas.

Salvo ROSARIO ROBLES y el ex senador JORGE LAVALLE, ningún otro “saqueador” ha sido vinculado a proceso por parte de la 4T, a pesar de las indagatorias de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El “trofeo de guerra” que representa el ex director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA, goza de un “criterio de oportunidad” no justificado ante lo precario de sus acusaciones relacionadas con los sobornos de legisladores panistas para aprobar la reforma energética promovida por el ex mandatario nacional ENRIQUE PEÑA NIETO.

Con el amague de la FGR y de la UIF, LÓPEZ OBRADOR prácticamente desmanteló la llamada Alianza Federalista integrada por 10 gobernadores que a su vez amenazaban con salirse del pacto federal. ENRIQUE ALFARO, de Jalisco; JAVIER CORRAL, de Chihuahua; SILVANO AUREOLES, de Michoacán; y FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de Tamaulipas, tuvieron que “cuadrarse” con el huésped del Palacio Nacional y bajarle “dos rayitas a su bravura”.

Salvo los “cancones”-como se dice coloquialmente- de la Cuarta Transformación, tal parece que los presuntos actos de corrupción cometidos por los gobernadores antes mencionados serán envueltos con el “borrón y cuenta nueva” a cambio de no oponerse al avance de la ola guinda.

Tan es así que el “cacaraqueado” desafuero del mandatario tamaulipeco por parte de la Cámara de Diputados se mantiene frenado por la inmunidad procesal que le ratificó el Congreso local, dejando con un palmo de narices a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación y, por supuesto, al propio presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La entrevista de GARCÍA CABEZA DE VACA con el secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ sería un a evidencia más del arreglo político para que el Movimiento de Regeneración Nacional supla a los vientos del cambio, a partir de octubre del año próximo. Es decir, todo estaría “planchado” para que en Tamaulipas se registre la segunda alternancia partidista.

Por cierto, será interesante conocer si la sanción al gobernador de Tamaulipas ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violar la veda electoral derivada de la Consulta Popular del primero de agosto, la resuelve la 64 o la 65 Legislatura local.

El TRIFE consideró que tanto GARCÍA CABEZA DE VACA como ENRIQUE ALFARO, gobernador de Jalisco, difundieron propaganda gubernamental durante el período prohibido por el Instituto Nacional Electoral (INE). El resolutivo del máximo tribunal electoral en el país ordena que los Congresos de ambas entidades federativas actúen en consecuencia “y determinen la imposición de la sanción”.

La expectativa se circunscribe a que la actual legislatura tamaulipeca es de mayoría panista y, por ende, resolvería una sanción simbólica e irrisoria para favorecer al jefe político del estado. Un segundo escenario sería que los diputados morenistas con mayoría en el próximo Congreso, emita una sanción más severa.

Luego de la decisión final del Tribunal Electoral de Tamaulipas sobre el reparto de curules plurinominales, la LXV Legislatura tamaulipeca estará integrada por 18 diputados de Morena; 11 del PAN; 4 del PRI; 2 del PT; y 1 del MC, para dar un total de 36 representantes populares.

DESDE EL BALCÓN:

I.-Luego de acatar la resolución del Trife, el árbitro electoral en Tamaulipas validó al triunfo electoral del panista ALBERTO ALANÍS sobre la candidata morenista LUCERO GONZÁLEZ.

Asimismo, la duda quedó despejada y el abogado penalista ROBERTO HUERTA RAMOS, con la representación de Morena, se integrará como regidor en el cabildo de la ciudad de Valle Hermoso.

II.-Luego de perder dos diputaciones de representación proporcional, el Partido Acción Nacional se quedó con las ganas de presidir la Junta de Coordinación Política en el segundo año de la legislatura que entra en funciones en octubre próximo. La autoridad electoral determinó que en lugar de 13 curules serán solo 11, por lo que no tendrán esa oportunidad que requiere de, al menos, 12 diputados.

Ni hablar.

Y hasta la próxima